El jueves 5 de septiembre de 2024, trabajadores del sector petrolero realizaron un plantón pacífico frente al Ministerio de Energía y Minas, y marcharon hacia las instalaciones de Petroecuador en Quito. Esta protesta, organizada por la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep), se centró en la denuncia del retiro de presupuesto a Petroecuador y en la demanda de revertir al Estado la administración del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Durante la manifestación, los sindicalistas entregaron un documento al Ministro de Energía, Antonio Gonçalves, en el que argumentan que la reducción del presupuesto ha debilitado la operación de Petroecuador, afectando la producción de petróleo y sus derivados como gasolina, diésel y gas doméstico. David Almeida, secretario general de la Antep, criticó la supuesta intención del Gobierno de privatizar los campos petroleros como Sacha, Amistad, y los bloques 16 y 67 sin fundamentos claros y a espaldas de la ciudadanía.
Almeida explicó que la privatización de estos campos, en particular el campo Sacha, podría provocar pérdidas significativas para el Estado ecuatoriano. Según los estudios presentados, si el campo Sacha fuera privatizado, las pérdidas anuales podrían alcanzar aproximadamente 500 millones de dólares. Sacha es considerado el campo más rentable del país, con un costo de producción de 7 dólares por barril en los últimos seis años. En comparación, el costo de producción del campo Auca, entregado al consorcio Shaya en 2016, ha sido de 30 dólares por barril durante el mismo período. Almeida destacó que, a pesar de que Auca ha producido 10 millones de barriles más que Sacha en los últimos seis años, ha generado 3.500 millones de dólares menos para el Estado.
En contraste, Petroecuador ha realizado importantes inversiones en Sacha, aumentando la producción de 63.000 barriles por día en 2021 a 78.000 barriles por día en 2024. En comparación, la producción del campo Auca solo ha incrementado ligeramente desde que fue entregado al consorcio Shaya. Además, los bloques 16 y 67, si se mantuvieran en manos públicas, podrían generar ingresos adicionales de 379 millones de dólares hasta 2027, según los cálculos de la Antep.
La Antep también subrayó la importancia del campo Amistad, que suministra gas natural a la planta de generación eléctrica Termogas Machala. La privatización de este campo implicaría importantes pérdidas para el país. Según el documento entregado al ministro, el costo de producción del gas es de 1,74 dólares por millón de pies cúbicos. La privatización de esta infraestructura por un período de 15 o 20 años podría resultar en pérdidas significativas para el Estado debido a tarifas y falta de incremento en la producción, como ha ocurrido con otros campos privatizados anteriormente.
Almeida criticó el análisis del Ministerio de Economía, que considera que la falta de fondos de Petroecuador justifica la privatización de los campos petroleros. Según él, esta posición refleja una agenda ideológica más que un análisis técnico y financiero riguroso. Además, denunció que el mismo Ministerio de Finanzas ha realizado retiros presupuestarios a Petroecuador sin justificación pública, describiendo estas acciones como un “autosabotaje”.
Finalmente, los sindicalistas también pidieron la reversión del contrato del OCP, que ha sido prorrogado tres veces y cuyo plazo venció en enero de 2024. La reversión del contrato podría generar al menos 2.500 millones de dólares para el país, eliminando los pagos de tarifas de transporte de crudo y aumentando la capacidad de almacenamiento y embarque en buques. Almeida agregó que la reversión del OCP podría garantizar 125 millones de dólares en ahorros por tarifas y permitir al Estado recibir tarifas directamente de los privados. Además, se señaló que el ducto OCP ha modificado sus características, lo que debería implicar responsabilidades para la contratista y los administradores del contrato.
En medio del creciente número de incidentes delictivos en los campos petroleros, que incluso han resultado en fallecimientos, Almeida exigió al Gobierno que implemente medidas de seguridad más estrictas para proteger los yacimientos y prevenir el robo de combustibles.
