El 3 de septiembre, un grupo significativo de sindicalistas de empresas públicas se congregó en Guayaquil para manifestarse contra una reciente resolución del Ministerio de Trabajo. La movilización, que comenzó en la sede de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y concluyó en la Corte Constitucional (CC), tenía como objetivo presentar un recurso para declarar inconstitucional el Decreto 080, emitido el 11 de junio.
La marcha partió a primera hora de la mañana desde la sede de CNT en las calles Manuel Galecio y Ximena, avanzando hacia la Corte Constitucional ubicada en la avenida 9 de Octubre y Pichincha. Oswaldo Chica, secretario general del Comité de Trabajadores de CNT, lideró la protesta y expresó la preocupación de los trabajadores por la revisión ordenada por el Ministerio del Trabajo. Según el Acuerdo Ministerial MDT-2024-080, se requiere que todos los contratos colectivos y actas transaccionales en el sector público sean revisados para verificar si contaron con la aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas.
Chica argumentó que esta medida infringe derechos laborales y excede las competencias del Ministerio del Trabajo. «El Decreto 080 no se ajusta a los convenios internacionales que protegen los derechos laborales», afirmó Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y vocal en el Consejo Directivo del IESS. Además, Gómez subrayó que la revisión del decreto no cumple con los estándares internacionales.
La protesta también incluyó la participación de trabajadores de Petroecuador, la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Chica agregó que la revisión propuesta por el Ministerio del Trabajo, que también solicitó una auditoría especial a la Contraloría para determinar responsabilidades y posibles nulidades en los contratos, no se alinea con los derechos de los trabajadores y podría generar inseguridad jurídica.
El dirigente sindical también aclaró que no existen sueldos «dorados» en CNT y que los salarios en la empresa no superan los $5.072 mensuales, el salario del presidente de la República. Sin embargo, un informe del Ministerio del Trabajo a finales de 2023 indicó que más de 1.000 trabajadores de empresas públicas percibían sueldos superiores al del mandatario.
La marcha culminó en la Corte Constitucional alrededor de las 10:00, donde los manifestantes entregaron su solicitud para la revisión del Decreto 080. Los sindicatos esperan que su recurso sea atendido y que la Corte declare inconstitucional la medida del Ministerio del Trabajo.
