De aprobarse el “Sí” en el referéndum convocado para el 16 de noviembre de 2025, Ecuador sumará un total de 27 reformas y enmiendas a la Constitución de Montecristi, vigente desde octubre de 2008. Las modificaciones han sido introducidas en diferentes momentos a través de consultas populares, referéndums, decisiones de la Asamblea Nacional y fallos de la Corte Constitucional (CC).
En esta ocasión, el presidente Daniel Noboa impulsa tres reformas constitucionales y una consulta popular. Las propuestas buscan eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, suprimir el financiamiento estatal a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas modificando la fórmula de representación poblacional.
A ello se suma una cuarta pregunta de consulta popular, que plantea convocar a una asamblea constituyente encargada de redactar una nueva Carta Magna.
Las reformas aprobadas entrarían en vigor una vez publicadas en el Registro Oficial. En cambio, la creación de una nueva Constitución podría demorar al menos un año y medio, de acuerdo con los plazos estimados para su elaboración y aprobación.
Catorce años de cambios a la Constitución
Aunque los constituyentes de Montecristi —en su mayoría afines al correísmo— afirmaron en 2008 que la Carta Magna duraría “300 años”, la realidad ha sido otra: en apenas 14 años se han modificado 24 artículos y disposiciones mediante diversos mecanismos de consulta, votación legislativa y decisiones judiciales.
En el referéndum de 2011, impulsado por el entonces presidente Rafael Correa, se reformaron cinco artículos y una disposición transitoria. Entre los cambios más relevantes estuvieron las modificaciones a las normas sobre prisión preventiva, la composición del Consejo de la Judicatura y la prohibición de propiedad cruzada entre bancos y medios de comunicación.
Posteriormente, el plebiscito de 2018, promovido por Lenín Moreno, alteró ocho artículos y tres disposiciones transitorias. Entre las reformas destacan la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores, la elección en urnas de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la prohibición de la reelección indefinida, y restricciones a la minería metálica en áreas protegidas o urbanas.
En 2024, el gobierno de Noboa impulsó tres reformas adicionales mediante referéndum: el rol complementario de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la creación de judicaturas especializadas en acciones constitucionales y la extradición de ecuatorianos. A esto se sumó una modificación aprobada por la Asamblea Nacional sobre las mayorías necesarias para insistir en artículos vetados por el Ejecutivo.
Además, la Corte Constitucional ha introducido cambios a través de fallos judiciales relacionados con el aborto en casos de violación, el matrimonio igualitario y la eutanasia, modificando tres artículos más.
Opiniones divididas sobre las reformas
La jurista María Hernández recuerda que en 2015 la Asamblea Nacional, entonces presidida por Gabriela Rivadeneira, también aprobó un paquete de enmiendas que posteriormente fue anulado por la Corte Constitucional. Según Hernández, la frecuencia de reformas se explica porque la Constitución “es reglamentaria y extensa, con 444 artículos”, y porque el contexto político y social del país ha cambiado profundamente desde 2008.
El constitucionalista Carlos Luis Sánchez coincide y considera que “la promesa de una Constitución para 300 años fue solo un discurso político”. Añade que las reformas son inevitables porque la Carta Magna, como todo texto humano, “contiene errores que han debido corregirse y otros que aún persisten”.
Sánchez también señala contradicciones estructurales: “La idea de un Estado unitario y plurinacional a la vez es insostenible y genera confusión. Sería más coherente pensar en un modelo federal. Asimismo, el reconocimiento de la justicia indígena vulnera la unidad jurisdiccional, afectando la institucionalidad del país”.
Tanto Hernández como Sánchez coinciden en que el futuro de las reformas dependerá de la voluntad ciudadana. Si se aprueban los cambios pero no la asamblea constituyente, estos se mantendrán dentro de la actual Constitución. En caso de aprobarse una nueva Carta Magna, las reformas podrán integrarse o descartarse según lo determinen los constituyentes.
Preguntas del referéndum y la consulta popular
Las tres preguntas de reforma constitucional que se someterán al voto popular son:
- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o de ceder instalaciones militares nacionales a fuerzas extranjeras?
- ¿Está usted de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto nacional a los partidos políticos?
- ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas, estableciendo 10 nacionales, 1 por provincia y 1 adicional por cada 400.000 habitantes?
La pregunta de consulta popular plantea:
¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, la cual entrará en vigencia solo si es aprobada por el pueblo ecuatoriano en referéndum?
