Tres sentenciados por lavado de activos en el caso Los Lobos, con más de 158 mil dólares involucrados
Un Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado ha emitido sentencias contra tres personas por su participación en el lavado de activos relacionados con el grupo criminal Los Lobos. Este caso ha resaltado la conexión entre actividades delictivas de bandas organizadas y la utilización de mecanismos legales para ocultar el origen ilícito de grandes sumas de dinero.
Lenin V., considerado el principal involucrado, fue sentenciado a una pena reducida de un año y cuatro meses de prisión tras acogerse a la figura de «cooperación eficaz». Esta figura legal le permitió recibir una rebaja del 20 % en su condena debido a la información clave que proporcionó, la cual resultó en el desarrollo de la investigación del caso conocido como «Plaga». Junto a Lenin, fueron sentenciadas Martha V. y Ana M., quienes recibieron un año de prisión por su rol como coautoras en el lavado de dinero.
La investigación, llevada a cabo por la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía, determinó que estos tres individuos estuvieron involucrados en un esquema de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas vinculadas a Los Lobos, una peligrosa organización criminal encabezada por Fabricio C. P. Según los fiscales, el monto total de dinero lavado asciende a 158.412,83 dólares. Esta suma fue blanqueada mediante varias transacciones financieras, como la compra de bienes muebles e inmuebles, así como viajes internacionales que no contaban con respaldo legítimo.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y conlleva penas de hasta 13 años de prisión. En este caso, la Fiscalía presentó pruebas contundentes durante el juicio, entre ellas, la pericia de extracción de datos del teléfono celular de Lenin V. Los datos revelaron su participación en gestiones ilegales con funcionarios judiciales, en las cuales recibió pagos entre 10.000 y 25.000 dólares por cada trámite. Estos pagos fueron realizados a cambio de favores como la gestión de habeas corpus y acciones de protección.
Además, se identificaron conversaciones en las que Lenin V. discutía con Fabricio C. P. sobre la obtención de documentos como un certificado laboral y una boleta de excarcelación que permitió a un ciudadano mexicano, condenado por tráfico de drogas en Ecuador, salir del país. Esta gestión fue uno de los puntos clave en la trama de lavado de activos, que involucró también a grupos criminales internacionales, incluidos aquellos en México.
Las sentencias en este caso refuerzan el compromiso del sistema judicial y las autoridades fiscales para enfrentar el crimen organizado y la corrupción, al mismo tiempo que subrayan la importancia de mecanismos como la cooperación eficaz para el esclarecimiento de delitos complejos.
