El caso conocido como «Plaga» continúa siendo un tema de debate en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), con la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio programada para este sábado 8 de marzo. El juez Edison Cantos, encargado de llevar el caso, escuchó este jueves 6 de marzo los alegatos de las defensas técnicas de los procesados, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, y decidió posponer la audiencia para analizar si existen vicios que puedan afectar el proceso judicial.
Originalmente, la audiencia iba a comenzar a las 10:00, pero debido a la solicitud de procedimiento abreviado presentada por la defensa de uno de los implicados, José Tenempaguay, y su posterior sentencia a 44 meses de prisión, la diligencia comenzó más tarde, pasadas las 17:00. En ese momento, el juez Cantos permitió que las defensas de los procesados presentaran sus argumentos durante diez minutos sobre la posible existencia de vicios en el proceso, específicamente en términos de competencia, procedibilidad, prejudicialidad y procedimiento.
Los primeros en intervenir fueron las defensas de varios procesados, incluyendo Adriana Carolina S. C., Banny Molina, Bryan Guillermo P. Z., Christian R., Danny O. Sh., Galo L., Gary Fabricio P., Hugo Marcelo A., y Jhonathan A. Sh. A continuación, los abogados de Jorge M. B., Rigoberto Ibarra y Diego Velásco, centraron sus argumentos en los vicios de procedimiento, alegando que su cliente no fue escuchado de manera adecuada. Sostuvieron que Jorge M. B. había solicitado varias veces rendir su versión a través de medios telemáticos, pero esa solicitud no fue atendida, lo que, según la defensa, vulneró su derecho a la defensa. En consecuencia, pidieron la nulidad de su vinculación al proceso o, en su defecto, la posibilidad de que se le permita rendir su versión.
La defensa de José G., liderada por Carmen Herrera, también hizo referencia a vicios de procedimiento. Señaló que el testimonio anticipado de Hugo Lara, utilizado para vincular a su defendido, no pudo ser contrainterrogado por José G. ya que este aún no estaba vinculado al proceso. Según Herrera, esto constituye una violación de los derechos de defensa, por lo que solicitó que se anule dicho testimonio.
Por su parte, el abogado Augusto Ojeda, defensor de Luis Abelardo L., también presentó su postura sobre los vicios de procedimiento. Expuso que su defendido fue investigado mientras se encontraba de vacaciones laborales, sin haber sido previamente notificado sobre las razones de la investigación. Ojeda subrayó que el testimonio anticipado de Lenin Vimos, que fue utilizado en la vinculación de Luis Abelardo L., no pudo ser objetado debido a que no se permitió su intervención en la audiencia correspondiente, lo que vulneró el derecho a la defensa.
En otro momento de la audiencia, Luis Sampedro, abogado de Melanie A., quien se encontraba prófuga desde el 16 de junio de 2024, argumentó que el procedimiento seguido en su caso también fue incorrecto. Según su defensa, la Fiscalía General del Estado (FGE) le negó la posibilidad de rendir su versión de manera telemática, lo que limitó su capacidad de defensa. Sampedro solicitó que se le permitiera declarar y que se declare la nulidad del expediente fiscal.
El exjuez Patricio C. también estuvo representado por la abogada Gabriela Moreira, quien destacó que, al igual que los otros casos, la falta de notificación para la comparecencia de Patricio C. ante los testimonios anticipados de Vimos y Lara constituye un grave vicio de procedimiento. Moreira solicitó la nulidad de estos testimonios debido a la vulneración del principio de contradicción y defensa.
Después de escuchar estos argumentos, el juez Cantos otorgó un receso de 30 minutos para que la Fiscalía pudiera preparar sus respuestas. Durante su intervención, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, defendió la validez del proceso y cuestionó los argumentos de las defensas. Aseguró que la CNJ tiene la competencia nacional para llevar adelante el caso y señaló que los derechos de los procesados fueron respetados al ser citados para objetar los testimonios anticipados. Además, Toainga destacó que los procesados que no estaban vinculados al proceso no podían presentar objeciones antes de ser formalmente parte del caso.
La intervención del representante del Consejo de la Judicatura también respaldó la actuación de la Fiscalía, indicando que no había irregularidades en el procedimiento. Finalmente, el juez Cantos señaló que tomaría en cuenta todos los alegatos y que dará a conocer su decisión el 8 de marzo, cuando se reinstale la audiencia para determinar si los vicios señalados por las defensas afectaron el proceso judicial.
El caso «Plaga» involucra a 31 personas acusadas de operar en conjunto para beneficiar a personas condenadas por delitos graves como abuso sexual, robo con muerte y vinculación a organizaciones criminales. De los 31 procesados, 16 ya han recibido sentencias a través de procedimientos abreviados, mientras que otros dos han obtenido beneficios por su colaboración eficaz con la Fiscalía.
