La Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Respecto de la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral, que busca proteger los derechos de los trabajadores mayores de 40 años, enfrenta serios cuestionamientos desde su entrada en vigencia el 12 de mayo de 2025, luego de ser publicada en el Registro Oficial.
Según ha señalado la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, la normativa contiene errores de redacción que la hacen inaplicable en la práctica. Esta ley, aprobada por la anterior Asamblea Nacional, pretendía reducir la discriminación laboral por edad, pero terminó generando una confusión legal que podría afectar su implementación en las empresas ecuatorianas.
¿Qué dice la reforma y por qué es contradictoria?
La norma establece que las empresas que cuenten con más de 25 trabajadores deben contratar al menos a una persona mayor de 40 años. Pero también estipula que cuando la empresa supere ese umbral, al menos el 1 % de su nómina debe estar compuesta por trabajadores mayores de esa edad.
La incongruencia surge en el siguiente párrafo, donde se establece que el porcentaje no puede ser menor al 4 %. Es decir, la misma ley exige a la vez un mínimo del 1 % y del 4 %, lo que representa una contradicción directa y genera incertidumbre legal para los empleadores.
La ministra Núñez calificó esta redacción como “imprecisa e inaplicable”, dado que el conflicto entre ambos porcentajes vuelve ambigua la obligación empresarial. La jurista experta en derecho laboral, Vanessa Velásquez, coincide con esta interpretación y advierte que el error podría llevar a problemas en procesos de fiscalización o sanción.
¿Cuál es el impacto para las empresas?
Actualmente, las compañías no cuentan con criterios claros de cumplimiento, ya que no está definido si deben seguir el 1 % o el 4 %. Esto genera dudas operativas y legales, especialmente en el cumplimiento de las políticas de inclusión laboral y equidad.
Además, la norma exige que las contrataciones se hagan observando principios de equidad de género y diversidad, lo que implica un doble reto para las áreas de recursos humanos, que deben adaptarse a una ley que no tiene parámetros claros.
¿Qué sigue ahora?
La ministra del Trabajo ha indicado que se analiza la posibilidad de corregir la redacción de la ley mediante una reforma aclaratoria, que debería ser tramitada por la nueva Asamblea Nacional. Mientras tanto, se espera que el Ministerio emita una guía interpretativa temporal para orientar a los empleadores.
