El martes por la tarde, la Fiscalía y la Policía Nacional llevaron a cabo allanamientos en el Ministerio de Energía y en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) en Quito. Estos operativos se realizaron a raíz de la identificación de irregularidades en la concesión de 652 permisos mineros, otorgados entre 2018 y 2024. Según el general Víctor Herrera, director general de Inteligencia de la Policía Nacional, estos allanamientos buscan esclarecer una serie de inconsistencias detectadas.
Las irregularidades surgieron a partir de la resolución 001 de la Arcom, emitida en 2018, que había dispuesto el cierre temporal del catastro minero en todo el país. Además de los permisos cuestionados, los investigadores encontraron 211 plantas de beneficio y una suma significativa de dinero, lo que generó sospechas de actividad irregular.
Los allanamientos simultáneos del martes tuvieron como objetivo recoger pruebas físicas y digitales que puedan demostrar la posible comisión de delitos relacionados con el tráfico de material aurífero y la minería ilegal. Según Herrera, este fenómeno representa el segundo problema de seguridad más grave en el país.
La investigación está en una fase preliminar, bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. Se espera que pronto se revelen los resultados y se identifiquen a los responsables de las irregularidades. Durante el operativo, la Fiscalía aseguró haber recolectado documentos, archivos digitales y computadoras, los cuales están siendo sometidos a pericias para determinar su relación con el presunto incremento de plantas de beneficio que procesan material aurífero sin verificar su origen.
Desde el Gobierno, se ha comprometido a colaborar con las investigaciones. Los ministros del Interior, Mónica Palencia, y de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto con el general Herrera, afirmaron en un video publicado en redes sociales que están decididos a combatir la corrupción y a asegurar la correcta custodia de las pruebas. Palencia destacó el compromiso del Gobierno y la Policía para garantizar la transparencia, mientras Goncalves confirmó que se proporcionará toda la información necesaria a las autoridades para erradicar la corrupción.
El general Herrera también subrayó que la minería ilegal financia economías criminales. Los allanamientos del martes coincidieron con la alerta del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sobre un posible complot para agravar la situación energética del país.
