Este domingo 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudirán a las urnas para decidir sobre importantes reformas políticas y constitucionales, incluyendo la reducción casi a la mitad del número de asambleístas en la Asamblea Nacional, según plantea la pregunta C del referéndum y consulta popular.
La propuesta busca modificar la fórmula de elección de los legisladores provinciales, estableciendo que la Asamblea se componga de 10 asambleístas nacionales, un representante por cada provincia y un asambleísta adicional por cada 400.000 habitantes, de acuerdo con el último censo nacional. Actualmente, la Asamblea cuenta con 151 miembros; con la aprobación de la reforma, la cifra se reduciría a 73.
Junto a la pregunta C, los votantes decidirán sobre otras tres consultas: dos de referéndum que abordan la eliminación de la prohibición de instalar bases militares en territorio nacional y el financiamiento estatal a partidos y movimientos políticos, y una consulta sobre la posibilidad de conformar una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución.
El anexo de la pregunta C plantea sustituir el artículo 118 de la Constitución actual, definiendo que la Función Legislativa se ejercerá exclusivamente por la Asamblea Nacional, de carácter unicameral y con sede principal en Quito, aunque podrá reunirse en cualquier parte del país en situaciones excepcionales.
La composición propuesta por provincia mostraría cambios significativos: Guayas pasaría de 24 a 11 asambleístas, Quito DM de 15 a 7, y provincias como Manabí, Los Ríos, Azuay, El Oro, Tungurahua y Esmeraldas verían su representación reducirse entre 2 y 4 miembros. Provincias con menor población, como Galápagos, Pastaza y Zamora Chinchipe, tendrían un representante cada una. La representación nacional y exterior también se ajustaría: los asambleístas nacionales pasarían de 15 a 10, y los del exterior se mantendrían en 6.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) detalló que la implementación de esta reforma requerirá que la Asamblea, dentro de los 90 días posteriores a la proclamación de los resultados en el Registro Oficial, realice las modificaciones legales necesarias para cumplir con los nuevos criterios de elección.
Analistas destacan que la reducción de legisladores podría agilizar los procesos legislativos y optimizar recursos, aunque también genera debate sobre la representatividad de las provincias más pobladas y de minorías.
Esta decisión histórica pondrá a prueba la capacidad de los ciudadanos para definir el futuro político del país, equilibrando eficiencia legislativa con la representación equitativa de todas las regiones.
