Quito, Ecuador – La Asamblea Nacional ha sentenciado el destino del controvertido Proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, dándole luz verde con 77 votos a favor. La decisión, tomada este martes, 10 de junio de 2025, marca un hito en la agenda de seguridad del país, pero también enciende las alarmas por la eliminación de la autorización judicial para ciertas operaciones clave de inteligencia.
La votación fue un reflejo de las tensiones y alianzas que coexisten en el Palacio Legislativo. Los 77 votos afirmativos provinieron mayoritariamente de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). A ellos se sumó un sector de Pachakutik, que, a pesar de las divisiones internas, optó por respaldar la iniciativa. Complementaron el apoyo varios legisladores independientes, que alinearon su voto con la propuesta del Ejecutivo.
Sin embargo, el camino no fue fácil. La Ley de Inteligencia enfrentó una fuerte oposición, registrando 66 votos en contra y 7 abstenciones. Quienes se opusieron, principalmente legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y una facción de Pachakutik, basaron su rechazo en lo que consideran una grave vulneración de los derechos ciudadanos, especialmente el de la privacidad.
El punto de la discordia: ¿Adiós al control judicial?
El corazón de la polémica de esta nueva ley reside en una de sus disposiciones más sensibles: los organismos de inteligencia ya no tendrán que pedir autorización judicial previa para realizar operaciones como la interceptación de llamadas telefónicas o la apertura e intercepción de documentos como parte de sus operaciones encubiertas. Este cambio, defendido por el Gobierno como una herramienta indispensable para actuar con mayor celeridad ante el crimen organizado y el conflicto armado interno, es visto por los críticos como un peligroso cheque en blanco.
La eliminación de este filtro judicial ha generado un intenso debate entre la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado para combatir amenazas y la garantía de las libertades individuales. Para los defensores de la ley, la agilidad es clave para mapear redes criminales y anticipar ataques. Para sus detractores, se abre una puerta al abuso de poder, a la vigilancia indiscriminada y a la posibilidad de que la ley sea utilizada con fines políticos, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.
¿Quiénes dieron el sí? La lista de los 77 legisladores:
(Aquí, en una versión real, se incluiría una lista de los 77 asambleístas con su respectiva bancada, si la nota original la hubiera proporcionado. Como la nota no los detalla individualmente, se mantiene la descripción general de los bloques.)
La aprobación de esta ley es un claro reflejo de la urgencia que el Gobierno de Daniel Noboa ha puesto en la agenda de seguridad. La mayoría legislativa que respaldó la medida argumenta que es una respuesta necesaria a la escalada de violencia y a la complejidad de las operaciones de los grupos terroristas.
Ahora, el proyecto de ley pasará a manos del Ejecutivo, que tendrá un plazo de 30 días para sancionarlo o vetarlo. La decisión presidencial será crucial para el destino final de esta normativa que, sin duda, marcará un antes y un después en la forma en que el Estado ecuatoriano aborda la inteligencia y la seguridad nacional. La ciudadanía, por su parte, estará atenta a cómo esta ley impactará en su día a día y en la protección de sus derechos fundamentales.
