El proceso judicial en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por su presunta implicación en el caso Triple A, ha sufrido un nuevo retraso. Este domingo 1 de diciembre, la audiencia para la formulación de cargos, que debía llevarse a cabo, fue suspendida por quinta vez debido a la solicitud de un abogado de uno de los sospechosos. La diligencia, que se realiza en el marco de una investigación por presunto tráfico ilegal de productos derivados del petróleo, será ahora reprogramada para el 14 de diciembre de 2024, a las 09:30.
La Fiscalía General del Estado de Ecuador está llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre este caso, que involucra a al menos diez personas, incluido Aquiles Álvarez y varios miembros de su familia. Los cargos que se les imputan están relacionados con actividades ilegales de almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de combustibles, un delito grave que afecta la seguridad energética del país.
En la audiencia que se suspendió, la Fiscalía esperaba formular los cargos contra los involucrados en el caso. Esta audiencia está presidida por un juez de la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, con sede en Quito. La formulación de cargos había sido fijada para este domingo, pero, una vez más, la diligencia no se pudo llevar a cabo debido a un pedido formal de un abogado defensor.
La Fiscalía expresó su preocupación por el nuevo retraso en el proceso, señalando que esta solicitud de postergación proviene de la defensa de uno de los investigados. La institución también destacó que este tipo de dilaciones son perjudiciales para el avance del caso, que lleva varios meses en curso.
Este caso se originó a raíz de una denuncia presentada por el gobierno del presidente Daniel Noboa, quien, a través del director de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Franklin Erreyes Tocto, acusó a los sospechosos de estar involucrados en la distribución ilegal de combustibles en el país. Según la denuncia, Álvarez, su familia y asociados habrían utilizado empresas para llevar a cabo estas actividades ilícitas, que habrían tenido un impacto negativo en la economía y seguridad nacional.
El caso Triple A también involucra a varias personas naturales y jurídicas vinculadas a esta red de distribución ilegal de combustibles. Además de los miembros de la familia Álvarez, se investiga a otras seis personas y empresas que presuntamente jugaron un papel clave en el esquema ilegal.
El retraso en la audiencia no hace más que aumentar las tensiones en torno a este caso, que sigue siendo una de las investigaciones más mediáticas y complejas de la actualidad en Ecuador. La ciudadanía espera que, finalmente, se logre avanzar en el proceso judicial para esclarecer los hechos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.
