La Asamblea Nacional del Ecuador debatirá este viernes 30 de mayo, en primera instancia, el proyecto de ley económica urgente que busca desarticular las estructuras financieras del crimen organizado, vinculadas al conflicto armado interno. Esta propuesta, impulsada por el Ejecutivo, ha logrado sumar el respaldo de varios bloques legislativos, incluidos sectores del movimiento Pachakutik, el Partido Social Cristiano (PSC) y algunos aliados estratégicos.
El informe para el primer debate fue elaborado y aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, cuyos voceros aseguran que se han introducido ajustes importantes al texto original enviado por el gobierno. Entre los principales cambios figura la eliminación de disposiciones referentes al llamado Bloque de Seguridad, la exclusión de zonas seguras y la redefinición de medidas operativas específicas.
Por ejemplo, en la versión actual del proyecto se establece que los allanamientos requerirán una orden fundamentada en inteligencia, y que los posibles indultos podrán otorgarse únicamente tras la conclusión de la etapa de investigación previa. Estas modificaciones fueron incluidas tras considerar observaciones de sectores sociales, expertos jurídicos y organizaciones de derechos humanos.
El objetivo del proyecto es dotar al Estado de herramientas más eficaces no solo para reaccionar ante actos delictivos, sino también para prevenir la expansión de actividades ilícitas que amenazan la seguridad ciudadana y la estabilidad institucional. La norma contempla una actuación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con enfoque estratégico y preventivo.
Tras este primer debate, el texto volverá a la Comisión de Desarrollo Económico, que tendrá un plazo de cinco días para elaborar el segundo informe, el cual incorporará nuevas observaciones del pleno legislativo. El carácter urgente del proyecto implica que su tratamiento no puede extenderse más allá de 30 días desde su presentación, según la normativa vigente.
Esta propuesta legislativa se enmarca dentro de la estrategia del Ejecutivo para enfrentar de forma integral al crimen organizado, que en los últimos años ha penetrado diversos sectores de la economía y ha estado vinculado a actividades como el narcotráfico, lavado de activos y corrupción institucional.
