Este martes 3 de junio de 2025, el pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador tiene previsto debatir y resolver el proyecto de Ley Orgánica de Inteligencia, elaborado por la Comisión de Seguridad Integral. Esta iniciativa, que busca modernizar y reglamentar el trabajo de los organismos de inteligencia, trae novedades polémicas que han generado opiniones divididas.
El proyecto, originalmente presentado en 2008 por la exlegisladora Ana Belén Marín, fue sometido a un primer debate en abril de 2023, antes de que se produjera la llamada “muerte cruzada” decretada por el expresidente Guillermo Lasso. Tras este periodo, la propuesta ha sido retomada con el objetivo de fortalecer el sistema de inteligencia nacional.
Aspectos clave del proyecto de Ley de Inteligencia
Una de las disposiciones más controvertidas es la posibilidad de que la Contraloría General del Estado “incinere” documentos considerados como gastos clasificados en las áreas de inteligencia y contrainteligencia. Esto significa que ciertos informes y comprobantes relacionados con actividades secretas podrían ser destruidos para preservar la confidencialidad y seguridad del Estado.
Además, el proyecto establece que los servidores de inteligencia puedan operar bajo identidades ficticias, con el fin de proteger su integridad y facilitar la obtención de información. Se plantea también el uso de métodos “tecnológicos” avanzados para recopilar datos, lo que responde a la necesidad de adaptarse a los nuevos retos en materia de seguridad nacional.
Creación del Sistema Nacional de Inteligencia y sus subsistemas
El proyecto propone la conformación de un Sistema Nacional de Inteligencia que agrupe distintos subsistemas especializados, orientados a mejorar la coordinación entre las diferentes agencias encargadas de la seguridad del país.
Esta estructura busca optimizar el flujo de información y la capacidad de respuesta ante amenazas, fortaleciendo la inteligencia estratégica, táctica y operativa en el Ecuador.
Debate y perspectivas sobre la iniciativa
El debate legislativo sobre este proyecto ha generado reacciones diversas. Mientras algunos sectores argumentan que la destrucción de documentos clasificados y el anonimato de agentes son esenciales para proteger la seguridad del Estado, otros advierten riesgos en materia de transparencia y control democrático.
Según datos oficiales, los gastos en inteligencia han sido motivo de críticas en cuanto a su opacidad, por lo que esta ley intenta equilibrar la confidencialidad con la supervisión estatal.
Carolina Pérez, experta en seguridad nacional, señaló: “Es fundamental garantizar la protección de los agentes y la eficacia en la obtención de información, pero sin sacrificar la rendición de cuentas que la ciudadanía merece”.
Próximos pasos y expectativas
El pleno legislativo decidirá si aprueba o modifica el proyecto durante la sesión del 3 de junio. De aprobarse, se espera que esta Ley Orgánica de Inteligencia fortalezca las capacidades del Estado frente a nuevas amenazas, pero también abrirá el debate sobre los límites de la privacidad y el control público en materia de seguridad.
