El anuncio del Gobierno sobre la construcción de una megacárcel en Archidona, Napo, ha desatado una ola de protestas en varias comunidades de la provincia. El proyecto, que busca ampliar la infraestructura penitenciaria del país, ha sido fuertemente rechazado por los habitantes de Jumandi, Beto y Wami, quienes se han movilizado en las últimas semanas para expresar su desacuerdo.
El lunes 9 de diciembre, los manifestantes se concentraron en el puente Misahuallí, bloqueando la vía E-45 que conecta las provincias de Napo y Pichincha. Durante la protesta, que incluyó quemas de palos y banderas de Ecuador, se corearon consignas como “¡No a la cárcel!” y “¡Viva la resistencia!”. La movilización, que cerró temporalmente el paso vehicular, fue un claro mensaje de rechazo a la megacárcel que el Gobierno planea construir en la zona.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) también se ha sumado a las protestas, expresando en sus comunicados que las comunidades de la región están decididas a defender su territorio “hasta las últimas consecuencias”, en defensa de su modo de vida ancestral y el bienestar de las futuras generaciones.
El vicariato apostólico de Napo también se ha pronunciado en contra del proyecto. En una carta dirigida a la opinión pública, publicada el lunes 9 de diciembre, expresaron su preocupación por la creación de un centro penitenciario de alta peligrosidad cerca de una pequeña ciudad. Según el vicariato, este tipo de proyecto traería consigo un fuerte impacto económico, social y cultural para las comunidades cercanas, especialmente afectando a los sectores del turismo, que es una de las principales fuentes de ingresos de la región.
En su comunicado, el vicariato pidió al Gobierno del presidente Daniel Noboa que considere realizar una consulta previa e informada, tal como lo establece la Constitución de la República, para evaluar la aceptación de las comunidades afectadas por la construcción de la megacárcel. Esta solicitud se enmarca en el derecho constitucional de las poblaciones a ser consultadas sobre proyectos que puedan impactar su vida y su entorno.
El conflicto ha generado un ambiente de tensión en la región, con comunidades que insisten en que se escuche su voz y se valore su perspectiva antes de la ejecución del proyecto. La negativa al proyecto no solo tiene un fuerte componente de oposición a la infraestructura misma, sino también a los efectos que la presencia de una megacárcel podría tener sobre el desarrollo social y económico de Napo.
