El Gobierno de Ecuador tiene plazo hasta este viernes 31 de octubre para presentar a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado para 2026, conforme a lo establecido en la Constitución. Expertos prevén un año con fuertes presiones fiscales, marcado por ingresos limitados que no alcanzarán a cubrir el elevado gasto público.
La situación se agrava por la caída en la producción petrolera y la estabilidad desfavorable del precio del crudo. Además, el fisco dejará de recibir cerca de $300 millones por el impuesto temporal a las sociedades, mientras enfrenta compromisos de deuda significativos, entre otros desafíos.
La eliminación del subsidio al diésel, que supone un ahorro estimado de $1.300 millones anuales, ofrece cierto alivio a las finanzas públicas. Sin embargo, el efecto se ve reducido debido a los bonos y compensaciones económicas que el Gobierno ha otorgado a distintos grupos tras el aumento del combustible.
Economistas coinciden en que se requieren reformas estructurales para aumentar los ingresos y reducir el gasto, con el fin de disminuir el déficit. Según la proforma 2025, aprobada en septiembre pasado, los ingresos totales sumaron $27.440 millones frente a gastos de $33.065 millones, generando un déficit global de $5.625 millones, equivalente al 4,4 % del PIB.
Para ese año, se estimó un precio promedio del barril de crudo de $62,2 y una producción fiscalizada de 170 millones de barriles. Sin embargo, debido a shocks internos y externos, en septiembre se ajustaron las proyecciones a $60,1 por barril y 158 millones de barriles.
De cara a 2026, el Gobierno anticipa que los gastos seguirán superando ampliamente los ingresos. Por ello, se flexibilizó la regla fiscal que establece que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. De manera excepcional, el presupuesto permitirá que egresos permanentes de sectores clave, como salud, educación y justicia, se cubran con ingresos no permanentes, incluyendo deuda pública, venta de activos e ingresos petroleros.
Esta modificación quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 199, firmado por el presidente Daniel Noboa el 30 de octubre, justo antes del cierre del plazo para presentar la proforma. Según un memorando del Ministerio de Economía, basado en un informe técnico de la Subsecretaría de Programación Fiscal, existe una “brecha estructural presupuestaria” debido a que los ingresos permanentes crecen menos que las necesidades del gasto, situación agravada por la inflexibilidad de este último.
Entre enero y septiembre de 2025, el déficit fiscal alcanzó $2.980 millones, según el Observatorio de Política Fiscal. El gasto corriente creció 10,5 % y se concentró en salarios, transferencias al IESS y gobiernos locales, así como en los 17 tipos de bonos sociales existentes, pagos de deuda e inversiones casi nulas.
El economista Jaime Carrera, director del Observatorio, advierte que incluso con el incremento del IVA al 15 % y la eliminación del subsidio al diésel, el déficit de 2026 podría alcanzar los $5.000 millones. “Un déficit elevado incrementa la deuda pública y el pago de intereses, que superará los $4.000 millones el próximo año, más que el presupuesto de Defensa, Educación y Salud”, explica. Carrera enfatiza la necesidad de revisar el gasto tributario, reformar el sistema de pensiones y fomentar la inversión en sectores estratégicos.
Rodrigo López, docente de la Universidad San Francisco de Quito, señala que la proforma 2026 probablemente reflejará ingresos sobredimensionados y gastos que cumplen formalmente con la Constitución, pero que en la práctica no se ejecutan. Esto se traduce en registros de ingresos ficticios provenientes de concesiones petroleras o venta de activos que aún no se concretan.
El objetivo del Ministerio de Finanzas es que la programación presupuestaria 2026-2029 priorice la optimización del gasto y la eficiencia en las inversiones, respetando los límites de endeudamiento y alineándose con el Plan Nacional de Desarrollo “Ecuador no se detiene” 2025-2029. Sin reformas estructurales, advierten los expertos, la inversión pública significativa seguirá siendo limitada, mientras los ingresos se destinan principalmente al gasto corriente.
