El Gobierno de Estados Unidos anunció una nueva tarifa de $1,000 para el permiso de permanencia temporal, también conocido como parole, que regirá durante el año fiscal 2025. La medida, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, se establece como parte de los lineamientos de la Ley de Reconciliación H.R. 1.
El parole humanitario permite que personas sin estatus migratorio regular ingresen temporalmente a Estados Unidos por situaciones extraordinarias. Cabe destacar que este permiso no equivale a una visa ni a la residencia permanente y concede la entrada únicamente por un periodo limitado.
La tarifa de $1,000 será obligatoria al momento de la aprobación del permiso, aunque existen casos que califican para exenciones. Además, el monto podrá ajustarse anualmente en función de la inflación.
“Nuestro trabajo crucial no se detiene durante el cierre gubernamental causado por los demócratas. Nos mantenemos firmes en salvaguardar nuestro país al proteger la inmigración legal”, afirmó el DHS, en referencia a la continuidad del proceso pese a los desafíos administrativos.
El aviso oficial incluye detalles sobre la fecha de entrada en vigor de la tarifa, las excepciones y las consecuencias de no efectuar el pago.
Proceso de cobro y notificación
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) será responsable de cobrar la tarifa a quienes se encuentren físicamente en el país y reciban la autorización inicial de parole o una extensión de este, conocida como re-parole.
A partir del 16 de octubre de 2025, cualquier solicitud aprobada de permiso de permanencia temporal, ya sea inicial o de renovación, requerirá el pago obligatorio. El solicitante recibirá una notificación con instrucciones detalladas y una fecha límite para efectuar el pago. El DHS enfatizó que “no se otorgará el permiso de permanencia temporal sin el pago de la tarifa de inmigración, siguiendo las instrucciones y dentro del plazo establecido”.
Esta medida representa un paso importante en la regulación de la inmigración temporal, asegurando que los procesos sean claros y que los pagos se efectúen de manera eficiente, al tiempo que mantiene exenciones para casos calificados.
