El impacto económico del paro indígena en Ecuador continúa golpeando con fuerza al sector productivo, especialmente en provincias de la Sierra como Imbabura y Pichincha. En Cotacachi, un productor de pimientos de colores relata cómo, tras cuatro intentos fallidos por sacar su carga hacia los mercados nacionales, tuvo que regresar con toda la producción dañada. “El camión cargado con 500 cajas no logró pasar. Perdimos alrededor de 9.000 dólares entre producto y transporte”, cuenta con frustración.
El propietario, que prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias, explica que las pérdidas totales de su finca ya ascienden a 23.000 dólares, mientras enfrenta un préstamo de 100.000 dólares destinado a la producción. “Tuve que despedir a toda la gente, solo me quedé con un fumigador. Esta pérdida no es solo mía, es de toda la comunidad, que depende de este trabajo para vivir y educar a sus hijos”, lamenta.
En zonas como San Martín, en Cotacachi, y Tabacundo, en la provincia de Pichincha, los bloqueos se han convertido en un obstáculo insuperable. Transportistas y productores denuncian que, ante el cierre de vías, incluso se han visto obligados a abrir pasos improvisados por los ríos para intentar mover su mercadería, sobre todo flores, hacia los puntos de exportación.
La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador (Expoflores) ha documentado varios casos similares, difundiendo videos y testimonios que reflejan el deterioro del sector. Según el gremio, las pérdidas para el sector florícola superan el millón de dólares diario, una cifra alarmante que pone en riesgo miles de empleos directos e indirectos.
“Esto no es protesta, es la defensa de intereses particulares de algunos dirigentes sociales y políticos, a costa del país y su gente. El derecho al trabajo es fundamental. Imponer no es dialogar, es extorsionar. Cobrar peajes a transportistas y trabajadores es ‘vacunar’. Obligar a sumarse al paro es violencia”, señaló Expoflores en un comunicado, calificando los actos como una forma de terrorismo económico.
Transportistas también reportan amenazas en los puntos de bloqueo. “Nos cobran hasta 400 dólares por pasar de la Sierra a la Costa. Si nos negamos, nos disparan o se quedan con el camión”, denunció un chofer que realiza rutas entre Imbabura y Guayas.
Este lunes, 20 de octubre, se cumplieron 28 días de paralización, sin que se vislumbre una solución concreta al conflicto. Los gremios agrícolas y florícolas piden al Gobierno y a los líderes indígenas reanudar el diálogo para evitar un colapso total del aparato productivo nacional.
Mientras tanto, en comunidades como Cotacachi, los pequeños productores siguen contando pérdidas. Los campos se llenan de cultivos desperdiciados y las familias, de incertidumbre. “Queremos trabajar, no vivir de protestas”, concluye el agricultor, reflejando el sentir de cientos de ecuatorianos que ven en riesgo su sustento diario.
