El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, retiró este 8 de noviembre su propuesta inicial de reforma tributaria que incluía nuevos impuestos para vehículos, y en su lugar, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto modificado enfocado en la recaudación mediante el combate al lavado de activos. El cambio responde a la necesidad de optimizar el control sobre la economía informal y combatir actividades ilícitas que impactan negativamente en la economía del país.
El nuevo proyecto de ley, remitido apenas un día después del anterior, deja fuera la polémica disposición que planteaba un impuesto a la propiedad de vehículos destinados al transporte terrestre, así como una tabla progresiva que especificaba tarifas para motos, autos, camionetas y transporte público. La modificación fue recibida por la Asamblea Nacional a las 13:56 y ahora centra sus esfuerzos en prevenir la infiltración de capital ilícito en la economía ecuatoriana.
Eliminación de Impuestos a la Transferencia de Vehículos
En la primera versión, la ley incluía un impuesto a la transferencia de vehículos usados, con el objetivo de formalizar la compra y venta de automóviles y eliminar un gravamen establecido en la Ley Fondvial para la provincia de Loja. Sin embargo, en la nueva propuesta, se elimina esta medida y la tabla de tarifas, lo cual había generado preocupaciones en los ciudadanos por el impacto en los costos de transacciones vehiculares. Esta eliminación busca alivianar la carga sobre quienes adquieren vehículos usados y evitar efectos negativos sobre la clase media y baja.
Fortalecimiento de la Lucha Contra el Lavado de Activos
La versión modificada del proyecto de ley plantea ahora reformas clave en la normativa para combatir el lavado de activos. Uno de los cambios más significativos es la facultad otorgada a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para congelar fondos mediante una orden judicial cuando existan operaciones sospechosas. Además, se proveerá de información a instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría en casos de presunta extinción de dominio, un mecanismo que busca fortalecer la lucha contra delitos relacionados con el lavado de dinero y la financiación de actividades ilícitas.
Otro cambio relevante en el proyecto establece que el director general de la UAFE, la máxima autoridad del organismo, será designado directamente por el presidente de la República, centralizando la administración de esta entidad clave en la lucha contra el lavado de activos. Asimismo, se amplía el espectro de entidades obligadas a reportar movimientos financieros sospechosos, incluyendo empresas de tecnología financiera, incluso cuando no estén expresamente mencionadas en la normativa vigente.
Estos ajustes tienen como objetivo crear un marco legal más robusto y efectivo para enfrentar el flujo de dinero ilegal en el país, evitando la entrada de capital ilícito y reduciendo su impacto en la economía nacional.
