La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, enfrenta un revés legal tras la decisión de la jueza Gloria Mayorga, quien rechazó la acción de protección que había presentado en contra del Ministerio del Trabajo. La magistrada emitió su fallo durante una audiencia telemática celebrada el lunes, 30 de septiembre de 2024. Abad, quien estuvo presente en la sesión, planea apelar la decisión.
Tras conocer la resolución, la vicepresidenta expresó su descontento en su cuenta de X, donde calificó la decisión como un “golpe bajo a la democracia y al derecho al trabajo digno”. Además, criticó la actuación de la jueza Mayorga, señalando que no se había considerado la afectación a sus derechos políticos y que las leyes y procedimientos habían sido violados. “Es increíble nuestra justicia. Esto no tiene presentación”, añadió Abad.
El conflicto legal se origina a raíz de un sumario administrativo abierto por el Ministerio del Trabajo, que podría llevar a la sanción de la vicepresidenta con una posible destitución. Este proceso se inició debido a la supuesta falta de Abad por no presentarse al trabajo durante tres días o más.
El 10 de septiembre de 2024, la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos del Ministerio del Trabajo solicitó un informe a la Dirección de Talento Humano de la Vicepresidencia, relacionado con un “presunto incumplimiento” de la funcionaria. El problema surge porque Verónica Abad no cumplió con la orden del Ministerio de Relaciones Exteriores de llegar a Ankara, Turquía, antes del 1 de septiembre; en cambio, arribó el 9 de septiembre.
En respuesta a esta situación, Abad ha solicitado a la Asamblea Nacional que realice una fiscalización de la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y de la canciller Gabriela Sommerfeld, a quienes acusa de “persecución política”. Este caso será discutido en el pleno del Parlamento el próximo martes.
Además, la vicepresidenta pidió medidas cautelares para suspender la acción del Ministerio del Trabajo, pero la unidad judicial desestimó su solicitud al considerar que no se cumplían los requisitos legales y constitucionales necesarios para su procedencia.
