El sargento Kevin Bollaro, del departamento de Franklin Township en Nueva Jersey, enfrenta cargos por mala conducta oficial y falsificación de registros tras presuntamente ignorar un llamado de emergencia el pasado 1 de agosto. Los vecinos de Pittstown habían alertado al 911 sobre disparos y gritos, esperando una respuesta inmediata de la policía, pero los registros muestran que Bollaro se desvió de su ruta para detenerse en un cajero automático y luego en un restaurante local.
Según The Guardian, los datos del GPS y videos de vigilancia confirman que, mientras los despachadores le transmitían múltiples llamadas de residentes preocupados, el oficial circulaba hacia las ubicaciones reportadas sin activar luces ni sirenas. Al llegar a la primera dirección, informó que no escuchaba nada y que continuaría revisando otras áreas, aunque nunca llegó a ellas. En cambio, solicitó ser desvinculado de la escena y pasó cerca de dos horas en restaurantes locales, incluyendo Duke’s Pizzeria.
Al día siguiente, los cuerpos de Lauren Semanchik, de 33 años, y Tyler Webb, de 29, fueron hallados asesinados a tiros en una vivienda situada a menos de 200 metros de la primera llamada al 911. La fiscalía determinó que los crímenes fueron cometidos por el teniente Ricardo Santos, de la policía estatal de Nueva Jersey, quien posteriormente se suicidó.
Bollaro presentó un informe oficial que, según los fiscales, contenía declaraciones falsas sobre su recorrido y su presencia en la escena, lo que constituye alteración de registros públicos. Por estas acciones, ahora enfrenta cargos por abstenerse conscientemente de cumplir con sus deberes policiales y por falsificar documentos oficiales.
El abogado de Bollaro, Charles Sciarra, calificó los cargos como “desafortunados” y argumentó que las acciones o inacciones de su cliente no habrían evitado los asesinatos. Sin embargo, las familias de las víctimas consideran su conducta “atroz” y señalan que esto refleja problemas más amplios en los cuerpos policiales locales y estatales.
El sargento tiene programada una comparecencia judicial el próximo 5 de noviembre en el condado de Hunterdon, a unos 60 kilómetros de Manhattan. Este caso ha generado preocupación pública sobre la responsabilidad policial y la efectividad de la respuesta a emergencias en Nueva Jersey.
