La audiencia de juzgamiento por delitos de delincuencia organizada en el caso Metástasis comenzó con un retraso de más de una hora y media en la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este proceso involucra a un líder y 21 colaboradores de una «empresa criminal» supuestamente dirigida por el narcotraficante Leandro Norero. La audiencia está a cargo de los jueces Mercedes Caicedo (ponente), Marco Rodríguez y Pablo Loayza.
Las medidas de seguridad han sido reforzadas, con múltiples filtros de revisión para abogados, funcionarios y público. Antes del inicio, la Unidad Antiexplosivos de la Policía Nacional realizó un barrido de seguridad en la sala, que se encontraba llena de asistentes.
Programada inicialmente para las 08:30, la audiencia se inició pasadas las 10:00, luego de que el tribunal desestimara un pedido de recusación presentado por el exvocal y expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Terán alegó que había una amistad con el juez Pablo Loayza, quien finalmente fue excusado de seguir en el tribunal.
Es crucial que los 22 procesados estén presentes en el juicio, lo que implicó trasladar a varios de ellos desde distintos centros penitenciarios donde cumplen prisión preventiva. El 7 de octubre, el juez Manuel Cabrera había decidido llevar a juicio a 30 de los 37 procesados tras el asesinato de Norero en el CPL de Cotopaxi.
La investigación reveló que Norero operaba una compleja red criminal desde su detención en mayo de 2022, en la que participaban tanto colaboradores como líderes de la organización. Entre los acusados se encuentran Fabián Yilmar C. B. (alias Yanqui), Christian Giovanni R. M. (alias Globalpax), y otros líderes, además de colaboradores como el exasambleísta Ronny Aleaga.
De los 30 procesados, ocho se encuentran prófugos, lo que ha llevado a suspender el juicio para ellos hasta que sean capturados o se entreguen. Xavier Alexander N. A. (alias Novita), el único detenido entre los líderes, será trasladado para asistir a la audiencia.
La fiscal general, Diana Salazar, ha destacado que la corrupción judicial y la delincuencia organizada son armas letales para las instituciones democráticas. En este caso, la Fiscalía ha identificado a varios colaboradores, incluidos jueces, exjueces, y agentes fiscales que facilitaron las operaciones delictivas de Norero.
Además de los policías condenados por procedimiento abreviado, otros siete agentes también están implicados. Abogados en libre ejercicio y personas particulares, como operativos económicos de la organización, también forman parte del grupo de acusados.
El tribunal decidió que Armando Flor no se incluya en esta audiencia de juzgamiento, ya que ha sido candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID). Su juicio se reanudará después de las elecciones de febrero de 2025.
Con esto, el número total de procesados se reduce a 21, que incluyen exfuncionarios del sistema penitenciario. A partir de ahora, las penas oscilarán entre 5 y 10 años de cárcel, a diferencia de las reducciones anteriores que se otorgaron bajo procedimientos abreviados.
