Pacha Terán, candidata a la Vicepresidencia de la República por el movimiento Unidad Popular, ha denunciado lo que considera una persecución política orquestada por el presidente Daniel Noboa. La acusación surge tras la participación de Terán en las manifestaciones del 21 de noviembre de 2024, en las que se protestó contra las políticas del Gobierno. La denuncia fue presentada este lunes ante la Defensoría del Pueblo en Quito, y señala que la líder política está siendo injustamente etiquetada como “terrorista” por su involucramiento en las protestas.
Pacha Terán acusa al Gobierno de criminalizar la disidencia
Durante su intervención, Terán expresó que lo ocurrido no es un caso aislado, sino parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Noboa para criminalizar las voces opositoras y disidentes. Según Terán, el actual Gobierno ha utilizado el aparato estatal para silenciar a quienes se oponen a las políticas neoliberales implementadas en el país. «No somos terroristas, somos quienes denunciamos las injusticias y las desigualdades», afirmó, dejando en claro que su participación en las movilizaciones es una manifestación legítima de oposición política.
La candidata subrayó que la persecución no se limita solo a ella, pero que su caso representa un ejemplo claro de selectividad política. En sus declaraciones, Terán denunció que el Gobierno ha mostrado un trato diferenciado hacia las voces críticas, especialmente aquellas que se alzan en defensa de los derechos humanos y en contra de las políticas económicas impuestas por la administración de Noboa.
Denuncia de violaciones a los derechos humanos bajo el Gobierno de Noboa
Pacha Terán también aprovechó la ocasión para señalar que las acusaciones de persecución política son solo una parte de un panorama más amplio de violaciones a los derechos humanos bajo la administración de Daniel Noboa. Si bien reconoció que existen otros casos de represión política y social, la candidata consideró que el Gobierno está enfocando sus esfuerzos en atacarla directamente debido a su activismo político y su candidatura a la Vicepresidencia.
En su intervención, Terán instó a la comunidad nacional e internacional a estar alerta ante lo que considera un intento por parte del Gobierno de desarticular la resistencia social. “Este ataque es una respuesta a las movilizaciones que han crecido en el país contra las políticas económicas de este Gobierno. Nos quieren callar, pero la lucha continuará”, expresó la aspirante a la Vicepresidencia.
Marcha en defensa de los derechos de las mujeres
Como parte de su denuncia y en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Pacha Terán, junto a la organización Mujeres por el Cambio, convocó una marcha para el 25 de noviembre de 2024. Esta movilización buscó visibilizar la lucha por los derechos de las mujeres y condenar la violencia de género, un tema que ha sido una de las principales banderas de su campaña política.
La marcha, que reunió a miles de mujeres y hombres solidarios con la causa, también fue una oportunidad para que Terán ratificara su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género y la justicia social. “La lucha por los derechos de las mujeres es parte de la lucha por un país más justo”, declaró.
El binomio de la Unidad Popular
Pacha Terán se presenta como candidata vicepresidencial por el movimiento Unidad Popular, formando binomio con Jorge Escala Zambrano, quien encabeza la fórmula presidencial. En su candidatura, Terán ha defendido un enfoque de izquierda, centrado en la justicia social, los derechos laborales y la lucha contra la pobreza. En este contexto, ha criticado las políticas neoliberales del actual gobierno de Daniel Noboa, proponiendo alternativas económicas y sociales que busquen una mayor equidad para todos los ciudadanos.
Terán, quien ha sido una activa militante social y política, ha señalado que su participación en la política nacional tiene como objetivo principal devolverle al pueblo ecuatoriano el poder de decisión sobre su futuro. Su postura firme contra la criminalización de la protesta y su denuncia sobre la persecución política han resonado entre los sectores más críticos al Gobierno de Noboa.
