Guayaquil enfrenta una creciente preocupación por la calidad del agua potable que se distribuye en la ciudad, luego de que el Ministerio de Ambiente y Energía advirtiera sobre una grave situación ambiental en el río Daule, principal fuente hídrica del Puerto Principal. Los informes oficiales señalan altos niveles de contaminación, mientras el debate entre el Gobierno, el Municipio e Interagua continúa intensificándose.
El presidente Daniel Noboa se refirió al tema el pasado sábado, afirmando que “en pleno 2025 todavía hay quienes creen que está bien que Guayaquil consuma agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”. De acuerdo con el mandatario, los análisis más recientes revelan concentraciones de aluminio 25 veces superiores a lo permitido, además de presencia de plomo, zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros.
Frente a estas declaraciones, Interagua y el Municipio de Guayaquil respondieron que el agua que se produce y distribuye cumple con los estándares nacionales e internacionales de potabilidad. Sin embargo, las críticas se remontan a más de una década atrás.
Observaciones desde 2010
El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos ha alertado desde 2010 sobre irregularidades en el control y tratamiento del agua. Su director, César Cárdenas, señaló que ese año se realizaron las primeras veedurías ciudadanas que concluyeron que “debieron haberse iniciado procesos civiles y penales por la calidad del agua”.
Cárdenas aseguró que, pese a múltiples denuncias ante entidades públicas, incluida la Asamblea Nacional, “los ciudadanos guayaquileños estamos en completa indefensión. Siempre ha habido informes y cuestionamientos, pero se han quedado como simples escándalos”.
En 2022, el Observatorio acudió a la Defensoría del Pueblo por una presunta vulneración de derechos tras la paralización de la planta La Toma por un fallo eléctrico. No obstante, las respuestas oficiales fueron limitadas.
El director también cuestionó la labor del Municipio de Guayaquil, al que acusa de proteger a Interagua desde que obtuvo la concesión del servicio en 2001. “Emapag, que debería fiscalizar a la empresa, no ha cumplido su papel de control”, afirmó.
Pérdida de agua y deterioro de la red
Según datos del Observatorio, Guayaquil pierde diariamente cerca de 600.000 metros cúbicos de agua, principalmente por el deterioro de 540 kilómetros de tuberías de asbesto cemento que no han sido reemplazadas. “Por allí ingresan contaminantes de manera permanente al agua que distribuye Interagua”, advirtió Cárdenas.
Desde 2007, la empresa ha recibido 90 multas que suman 378.000 dólares, casi la mitad por cortes no programados o interrupciones prolongadas.
El observatorio exhortó al Gobierno a aplicar “procedimientos adecuados y técnicos” que permitan comprobar la mala calidad del agua. “Ya toca que el Gobierno nacional actúe de manera firme para que se sancione a esta empresa y se obligue a terminar la concesión”, enfatizó Cárdenas.
Acciones del Gobierno y sanciones
El Ministerio de Ambiente y Energía, junto con la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), confirmó la apertura de procesos administrativos, sancionatorios y penales. Según la cartera de Estado, Interagua mantiene parámetros fuera de norma desde 2016, y las mediciones realizadas en 2024 y 2025 muestran que la contaminación no ha disminuido.
El 7 de noviembre, el ministerio informó que se impusieron multas por 46.920 dólares a las plantas Sauces-Alborada y Guayacanes-Samanes, sanciones que fueron ratificadas en apelación. Además, se presentaron denuncias penales contra Interagua, Emapag y el Municipio de Guayaquil por presuntos delitos contra el agua, en febrero de 2024 y octubre de 2025.
También se inició un nuevo proceso sancionatorio tras el monitoreo del 8 de octubre de 2025, donde se evidenció reincidencia en los incumplimientos.
La crisis hídrica del río Daule ha abierto un debate urgente sobre la transparencia, el control y la responsabilidad ambiental en Guayaquil. Mientras las investigaciones avanzan, los ciudadanos esperan que las autoridades actúen con rigor técnico y se garantice el acceso a un recurso vital en condiciones seguras.
