En un movimiento estratégico, la oposición ecuatoriana está redoblando esfuerzos para avanzar en la Asamblea Nacional, con el objetivo de reactivar el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, y resolver los casos de tres exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Este 12 de septiembre, los opositores al gobierno de Daniel Noboa implementaron dos tácticas clave para acelerar estos procesos.
Primero, modificaron el orden del día de la sesión plenaria 960, una medida solicitada por la legisladora Gissella Molina, quien está alineada con el Partido Social Cristiano (PSC) y sus aliados, incluyendo RC, Construye, Pachakutik e independientes. La modificación incluyó un debate sobre una resolución que desafía una reciente decisión de la Comisión de Fiscalización. Esta comisión había emitido una resolución el 9 de septiembre, ordenando cumplir con una disposición del juez Édgar Romero que concedió una acción de protección solicitada por la asambleísta Inés Alarcón (ADN). La protección alegaba una violación a su derecho de presentar firmas en tres juicios políticos que habían sido archivados por la mesa.
La inclusión de la resolución en el debate obtuvo 88 votos, y la alianza opositora busca alcanzar los 92 necesarios para una moción de destitución y censura contra Palencia. Sin embargo, seis asambleístas, incluyendo el presidente del Legislativo Henry Kronfle (PSC), no se conectaron a la sesión de manera virtual.
En un segundo paso, la oposición se centró en que la mayoría de los asambleístas que inicialmente respaldaron las solicitudes de juicio político contra los exministros Sebastián Corral, Pablo Arosemena y Andrea Montalvo retiren sus firmas. Este movimiento tiene como objetivo disipar dudas sobre la posibilidad de iniciar procesos políticos sin el apoyo completo requerido, lo que podría llevar a la eliminación de dos de los tres juicios pendientes antes de que se aborde el caso de Palencia.
A su vez, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (RC), convocó a una reunión virtual para el viernes 13 de septiembre con los miembros de la comisión, para revisar y calificar el trámite del juicio político contra Corral.
El bloque del Partido Social Cristiano, a través de Gissella Molina, propuso una modificación en el orden del día para que el pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre lo actuado por la Comisión de Fiscalización, que según Molina contraviene la decisión del pleno emitida el 3 de septiembre. Esta resolución había rechazado el fallo del juez Romero, quien había ordenado el archivo de los tres juicios políticos. Molina argumenta que la resolución de la Comisión de Fiscalización es inaplicable y carece de eficacia jurídica, y sostiene que permitir que una comisión modifique decisiones del pleno sentaría un peligroso precedente que podría amenazar la estabilidad del sistema democrático.
Antes de que se tramitara la propuesta de Molina, la presidenta encargada de la sesión, Esther Cuesta (RC), suspendió la reunión y aún no se ha fijado una nueva fecha para reanudarla.
Mientras tanto, las asambleístas Patricia Núñez (RC) y María Fernanda Araujo (anteriormente de ADN) retiraron sus firmas de los juicios políticos contra Sebastián Corral y Andrea Montalvo, respectivamente. Alarcón, por su parte, ha preparado las firmas necesarias para avanzar con el proceso de interpelación contra el exministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, y espera la notificación para proceder.
El proyecto de resolución en discusión también ordena al Consejo de Administración Legislativa (CAL) iniciar procedimientos sancionatorios contra los asambleístas de la Comisión de Fiscalización que votaron a favor de la resolución del 9 de septiembre, por contravenir la decisión del pleno del 3 de septiembre. El objetivo es asegurar que todos los asambleístas y comisiones cumplan estrictamente con las disposiciones del pleno.
