El pasado 27 de octubre entró en vigor el documento denominado Protocolo de acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa, elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Ecuador, tras su publicación en el Registro Oficial. Este protocolo surge como derivación de un fallo de la Corte Constitucional (CC) del 24 de noviembre de 2024, que atendió una acción extraordinaria de protección presentada por una niña de cinco años que fue discriminada en una escuela de la provincia de Santa Elena.
Dentro del contenido del protocolo se destacan varias disposiciones: los centros educativos deberán “garantizar y respetar el uso del ‘nombre social’ de las niñas, niños y adolescentes”; promover “los baños como un espacio seguro y respetuoso para todos”; e incluso “promover el uso del uniforme escolar de manera homogénea para todos los estudiantes”.
El origen del caso se remonta a octubre de 2017, cuando la Defensoría del Pueblo, en representación de una pareja de padre y madre, presentó una acción de protección contra una unidad educativa en Santa Elena por haber omitido el acompañamiento de la niña en su proceso de congruencia de género, lo cual fue admitido a trámite en 2018.
La Corte Constitucional, en el fallo, determinó que la institución educativa había vulnerado derechos fundamentales al no permitir el uso del nombre social, al impedir el uso del baño correspondiente, al negar la vestimenta acorde a su identidad de género y al exigir informes de “transexualidad” para proceder en el proceso educativo. En consecuencia, el 24 de noviembre de 2024, la CC otorgó al Ministerio un plazo de 180 días para elaborar una guía orientativa técnica para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional. kchcomunicacion.com+2edicion111.com+2
El protocolo oficial incluye directrices para toda la comunidad educativa —autoridades, docentes, personal administrativo, estudiantes y familias— con el objetivo de “prevenir prácticas discriminatorias, garantizar el respeto y fomentar una convivencia basada en el respeto, generando espacios seguros, inclusivos y acogedores para todas y todos los estudiantes”. Entre las medidas destacan:
- Formación continua sobre identidad de género, prevención de violencia y no discriminación para el personal directivo, docente, administrativo y familias.
- Priorización del interés superior de las niñas, niños y adolescentes en las actuaciones institucionales, por encima de creencias personales, convicciones religiosas o criterios individuales.
- Promoción de un Código de Convivencia con participación inclusiva de toda la comunidad educativa.
- Garantía de canales seguros, confidenciales y accesibles para que los estudiantes puedan expresarse, ser escuchados y sentirse protegidos.
- Promoción de una cultura de paz, respeto y no discriminación, reconociendo la diversidad de identidades y expresiones de género como parte de la convivencia democrática.
Además, el protocolo enumera indicadores y señales de violencia o discriminación por identidad de género: uso de apodos o expresiones denigrantes, exclusión de actividades académicas o lúdicas, acoso verbal o físico por motivos de identidad, difusión de rumores o contenido humillante en redes, agresiones físicas, comentarios negativos sobre apariencia o vestimenta vinculados a expresiones de género no convencionales, expectativas académicas bajas o desinterés por parte del centro educativo.
La publicación del documento generó fuertes reacciones en la esfera pública. Por un lado, el colectivo Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI+ y activistas por la infancia lo recibieron como un avance hacia la protección de vidas vulnerables. Una de las voces críticas es la activista Gabriela Idrovo, quien afirmó que el protocolo “no impone ideologías ni fomenta perversiones… ese documento busca proteger vidas y surge de una sentencia de la Corte Constitucional (no de un capricho político) con el propósito de garantizar derechos esenciales”.
Por otro lado, el movimiento Firmes —liderado por el jurista Andrés Santos— publicó una carta abierta al presidente Daniel Noboa en la que cuestionó la emisión del protocolo, argumentando que se inspira en una “ideología aberrante” y que “no se puede avanzar hacia una verdadera regeneración nacional si cedemos ante las presiones de la Corte Constitucional y de grupos radicales que promueven agendas contrarias a la identidad, la cultura y la dignidad del pueblo ecuatoriano”. El grupo exigió además “la inmediata derogatoria” del acuerdo ministerial y que el Gobierno “manifieste públicamente que no acatará la sentencia de la Corte Constitucional por contravenir los valores superiores de la nación ecuatoriana”.
El contexto de este protocolo se enmarca en una jurisprudencia de la Corte Constitucional que considera que la identidad de género es un atributo inherente a la dignidad humana, y que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que sus instituciones educativas los acompañen de forma integral y segura. La CC ha señalado que negar el uso del nombre social, impedir el uso del baño correspondiente o exigir requisitos injustificados vulneran los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la educación y al interés superior del niño. edicion111.com+1
Para los centros educativos ecuatorianos, el nuevo protocolo implica una serie de ajustes prácticos: respetar el nombre social, permitir uniforme y baño acordes a la identidad de género, establecer canales de denuncia y acompañamiento, capacitar al personal docente y directivo, y reformular reglamentos de convivencia. Queda por ver cómo se implementará en la práctica y cómo será recibida en distintas comunidades, sobre todo en aquellas con estándares culturales y religiosos más conservadores.
En resumen, el Ministerio de Educación ha aprobado un protocolo que busca acompañar y proteger a las niñas, niños y adolescentes en su reconocimiento de identidad de género en el ámbito escolar, cumpliendo un mandato constitucional. No obstante, el proceso suscita debate político, cultural y educativo en Ecuador, lo que plantea preguntas clave sobre inclusión, valores, derechos y convivencia en el sistema escolar.
