En una sesión extraordinaria celebrada el 18 de marzo de 2025, la Corte Constitucional de Ecuador designó por unanimidad a Jhoel Escudero Soliz como su nuevo presidente y a Karla Andrade Quevedo como vicepresidenta. Ambos asumieron el cargo con el compromiso de fortalecer la institucionalidad, garantizar la transparencia y mantener la independencia del máximo órgano de control constitucional en el país.
Compromisos de la nueva administración
Durante su primera intervención como presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero enfatizó la importancia de preservar la estabilidad institucional y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en Ecuador. En una rueda de prensa ofrecida al mediodía del martes, destacó que su administración se enfocará en consolidar la seguridad jurídica y en velar por el respeto a los derechos ciudadanos.
Por su parte, Karla Andrade reafirmó que su gestión estará orientada a reforzar la transparencia, la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. Subrayó que la Corte Constitucional debe mantenerse como un pilar sólido en la defensa de la Carta Magna y los principios democráticos.
Elección unánime y base legal
La designación de Escudero y Andrade se llevó a cabo en la sesión jurisdiccional extraordinaria n.° 006-E-2025, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 191 de esta normativa, la Corte debe elegir a su presidente y vicepresidente con un mínimo de cinco votos a favor, requisito que se cumplió en esta jornada.
El proceso de elección se dio en un contexto de expectativas por parte de la ciudadanía y diversos sectores políticos, quienes demandan un alto nivel de independencia y eficiencia en la administración de justicia constitucional.
Un nuevo periodo con desafíos clave
Con esta designación, la Corte Constitucional inicia una nueva etapa en la que deberá enfrentar importantes desafíos, como el fortalecimiento del Estado de derecho, la resolución de casos clave para la estabilidad del país y la consolidación de un sistema judicial ágil y accesible para la ciudadanía.
Las nuevas autoridades han reafirmado su compromiso de garantizar un órgano independiente, libre de injerencias políticas y centrado en el respeto a la Constitución y los derechos humanos.
