El procurador común de la alianza Revolución Ciudadana-Reto (listas 5-33), Francisco Estarellas Solís, presentó una impugnación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de la prohibición del uso de celulares al momento de votar en la segunda vuelta electoral del próximo 13 de abril. La medida, aprobada el pasado 13 de marzo, ha generado debate, ya que es la primera vez que se implementa una restricción de este tipo en Ecuador.
Estarellas argumenta que la decisión del CNE afecta derechos fundamentales, en especial el derecho a la libertad de expresión, por lo que busca que se deje sin efecto antes de los comicios. Sin embargo, el CNE ha aclarado que la prohibición solo aplica al momento de ejercer el voto y no impide el ingreso de ciudadanos con teléfonos móviles a los recintos electorales.
Origen de la restricción y razones del CNE
La restricción del uso de celulares en las urnas surge tras una solicitud del presidente y candidato Daniel Noboa, junto con el ministro de Gobierno José de la Gasca, debido a denuncias sobre posibles casos de extorsión electoral. Según sus declaraciones, grupos de delincuencia organizada estarían exigiendo a los votantes fotografías de su papeleta marcada a favor de una candidatura específica, bajo amenaza de represalias en caso de no cumplir con la exigencia.
La medida busca prevenir este tipo de prácticas y garantizar la transparencia y seguridad del proceso electoral. Sin embargo, sectores de la oposición consideran que la decisión del CNE puede ser inconstitucional y afectar la participación ciudadana.
Debate sobre la constitucionalidad de la medida
El reclamo de la alianza RC-Reto pone en el centro del debate la colisión entre la seguridad electoral y el respeto a los derechos fundamentales. Para sus representantes, la prohibición del uso de celulares en las urnas limita el derecho de los votantes a documentar y expresar libremente su experiencia electoral.
A medida que se acerca la segunda vuelta, el tema sigue generando controversia, y se espera que el CNE responda a la impugnación en los próximos días. El desenlace de esta disputa podría marcar un precedente sobre las normas electorales en el país.
