Escándalo en la Judicatura: destituyen a tres funcionarios por cobrar sobornos para acceder a cargos judiciales
El Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó a tres de sus funcionarios tras descubrirse una red de corrupción interna que presuntamente cobraba entre $10.000 y $15.000 por ingresar o ascender dentro de la Función Judicial. Los involucrados son Milton José A. H., Hugo Napoleón A. Z. y Marco Fabián Z. G., quienes fueron cesados de sus cargos el 7 de noviembre de 2025 por decisión unánime del pleno del CJ.
El expediente disciplinario, que fue analizado por los vocales Fabián Fabara, Magaly Ruiz, Alfredo Cuadros y el presidente Mario Godoy, reveló una trama estructurada y reiterada de corrupción al interior del órgano judicial. Según el documento, los funcionarios se aprovecharon de sus cargos y contactos institucionales para obtener beneficios económicos ilícitos, incluso utilizando el nombre de autoridades judiciales para dar credibilidad a sus ofrecimientos.
Conducta calificada como infracción gravísima
El proceso administrativo concluyó con la destitución de los tres implicados por incurrir en una infracción gravísima establecida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sanciona el solicitar o recibir dinero, bienes o favores que comprometan la imparcialidad del servidor judicial.
La denuncia fue presentada por el abogado Walter Miguel Taco Chiliquinga ante la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión del CJ, quien relató haber pagado miles de dólares a cambio de un supuesto cargo dentro de la institución.
Según su testimonio, fue contactado por una persona que se identificó como Juan Carlos Terán Flores, quien le pidió $10.000 para ingresar al CJ. Tras entregar una parte del dinero, descubrió que Terán no era funcionario y que el verdadero intermediario era Milton José A. H., exasesor de la vocal Ruth Barreno.
El denunciante afirmó que Milton A., junto con Hugo Napoleón A. Z. y Fabián Z. G., continuaron exigiendo dinero bajo el pretexto de asegurarle un puesto. Las transacciones se realizaron mediante depósitos bancarios y transferencias, cuyas evidencias constan en el expediente disciplinario.
Tarifas de hasta $15.000 por cargos judiciales
Durante su declaración del 7 de junio de 2024, Walter Taco detalló que existían tarifas diferenciadas según el puesto: $10.000 por ingresar como funcionario, $15.000 por un cargo de juez, y montos menores por secretarías o ayudantías judiciales. Aseguró que incluso entregó dinero en efectivo dentro del Complejo Judicial Norte de Quito, donde se habrían realizado las reuniones con los implicados.
“El doctor Milton A. y Hugo A. tomaron el dinero y lo guardaron en una maleta negra. Luego nos informaron que el puesto sería para juez de Violencia Intrafamiliar en Quito”, relató el denunciante. Sin embargo, ni él ni su compañero fueron incorporados a la institución.
La investigación comprobó que los números telefónicos y cuentas bancarias utilizadas correspondían a los funcionarios destituidos, confirmando su implicación en los hechos.
Antecedentes de los involucrados
Uno de los destituidos, Milton José A. H., ya había sido sentenciado en el caso Independencia Judicial, donde fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de obstrucción de la justicia, junto con la exvocal Ruth Barreno y el expresidente del CJ, Wilman Terán, quienes recibieron nueve años y cuatro meses.
En esa causa se determinó que integraban una red que buscaba manipular sanciones y suspensiones para obstaculizar la actuación del juez Walter Macías en un proceso por tráfico de influencias.
Caso remitido a la Fiscalía General del Estado
Debido a la gravedad de los hechos, el pleno del CJ resolvió remitir copias certificadas del expediente a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación penal. La vocal Magaly Ruiz solicitó que el CJ se presente como víctima procesal en el caso y dé seguimiento al proceso judicial para evitar la impunidad.
“Estos actos deben ser perseguidos con firmeza. La ciudadanía exige transparencia y el Consejo no puede tolerar que se mancille la confianza en la justicia”, expresó Ruiz durante la sesión plenaria del 8 de noviembre.
La Judicatura espera que la Fiscalía determine responsabilidades penales y siente un precedente ante los reiterados casos de corrupción que han afectado a la Función Judicial en los últimos años.
