La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, con 84 votos a favor, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, una normativa urgente impulsada por el presidente Daniel Noboa para combatir las economías criminales asociadas al conflicto armado interno. La ley introduce disposiciones específicas para el procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en un contexto legal definido por el Decreto Ejecutivo 111 que declaró la existencia de dicho conflicto.
Indulto con efecto diferido
Uno de los puntos más relevantes de la nueva legislación es el indulto con efecto diferido, detallado en el artículo 14. Esta figura permite al presidente de la República otorgar indulto a policías y militares antes de que exista una sentencia ejecutoriada, siempre que el caso esté relacionado con el conflicto armado interno.
El beneficio se aplica una vez que se emite una sentencia definitiva, permitiendo suspender medidas cautelares como la prisión preventiva, el arresto domiciliario y la colocación de dispositivos electrónicos. Con esto se busca proteger el accionar legal de los servidores públicos en funciones.
Cambios en el Código Penal
La ley también modifica el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para adecuarlo al contexto del conflicto interno. Se introduce el delito de pertenencia a grupos armados organizados, con penas de entre 22 y 26 años de prisión para sus miembros y de 26 a 30 años para sus cabecillas o financistas.
Además, en estos delitos, se aplicará la prisión preventiva como regla general. En casos especiales, como allanamientos sin orden judicial por actividades delictivas comprobadas, se deberá notificar al juez competente en un plazo máximo de 24 horas.
Procesos judiciales rápidos y especializados
La normativa establece que los casos relacionados con el conflicto armado serán tramitados por jueces especializados, a través de un procedimiento expedito. Una sola audiencia reemplazará los procesos convencionales, y deberá convocarse dentro de los 15 días posteriores a la detención.
Las diligencias previas por parte de la Fiscalía tendrán un plazo de solo 24 horas. En caso de suspensión de la audiencia, esta solo podrá reprogramarse una vez y dentro de un plazo de tres días.
Excepción de medidas cautelares para militares y policías
Una disposición clave establece que los policías y militares procesados no podrán ser objeto de prisión preventiva ni otras medidas sustitutivas, siempre que sus actos estén relacionados con sus funciones en el marco del conflicto armado.
En lugar de eso, estos servidores continuarán en funciones, y sus superiores deberán enviar informes periódicos de su cumplimiento de deberes al órgano judicial correspondiente.
Objetivo de la ley
La Ley de Solidaridad Nacional tiene como finalidad principal debilitar las estructuras económicas del crimen organizado, garantizar la protección de la seguridad interna del país y promover el acceso a la justicia para las víctimas del conflicto. También busca facilitar la reparación integral y asegurar la inclusión de las víctimas en políticas públicas que garanticen su dignidad y derechos.
