La jueza Nubia Vera, quien dejó sin efecto la sanción administrativa de suspensión de 150 días sin sueldo contra la vicepresidenta Verónica Abad, ha denunciado presiones y amenazas por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, y otros dos funcionarios de esa institución. Según Vera, estos intentaron coaccionarla para que fallara en contra de Abad. La magistrada aseguró que le fue entregado un pendrive con instrucciones sobre cómo debía emitir su sentencia.
La denuncia fue realizada por Vera al finalizar la audiencia en la que dictó su sentencia, que fue favorable a la vicepresidenta. En dicha sentencia, Vera concedió la acción de protección presentada por Abad, anulando la resolución que la suspendió de su cargo por no presentarse a su lugar de trabajo.
La jueza aseguró que posee un archivo en un pendrive, que mantiene a salvo, en el que constan las indicaciones sobre cómo debía fallar. Según Vera, la visita de Mario Godoy, el director provincial de Pichincha, Henry Gaibor, y un asesor de Godoy, Jorge Carrillo, ocurrió un día antes de la audiencia final del caso, el pasado miércoles.
“Me dijeron que no debía considerar la Constitución, las leyes ni los tratados internacionales, sino simplemente cumplir con el capricho de negar la acción de protección”, declaró Vera ante la prensa. Añadió que, si hubiera seguido esa directriz, se habría puesto en riesgo la transparencia y justicia de su fallo.
Vera también expresó que había sido objeto de amenazas contra su vida y la de sus hijos, además de que ya se estaban iniciando sumarios administrativos en su contra. “Me están haciendo un sumario sin darme derecho a la defensa, y ya está sorteado en la Corte Provincial para declararme en error inexcusable”, señaló.
La jueza, que tiene más de diez años de trayectoria en el servicio judicial, subrayó que nunca antes había sido coaccionada o amenazada de esta manera. Presentó una fotografía que, según ella, prueba la visita de los funcionarios mencionados. La imagen mostraba a Mario Godoy y los otros dos funcionarios de la Judicatura, quienes presuntamente le entregaron el pendrive con las instrucciones sobre cómo debía fallar.
“Estos hechos los denuncio porque mi carrera está en juego. Me he dedicado por años a la justicia y no es justo que intenten amedrentar a un juez y entrometerse en su trabajo”, concluyó Vera.
La situación ha puesto en evidencia la tensión existente entre la judicatura y el poder político, ya que las autoridades judiciales aseguran que el intento de interferencia busca influir en la independencia del poder judicial y en la imparcialidad de las decisiones. Por su parte, la denuncia de Vera abre un nuevo capítulo de confrontación en el contexto político y judicial de Ecuador.
