Desde el inicio del nuevo periodo legislativo el 14 de mayo de 2025, han salido a la luz vínculos familiares entre asambleístas principales, suplentes y funcionarios de la Asamblea Nacional. Esta situación ha provocado cuestionamientos sobre la transparencia de los procesos de contratación dentro del órgano legislativo.
Contrataciones familiares en la Asamblea Nacional
Una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado reveló múltiples irregularidades en la contratación de personal. Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2022, ingresaron 2.498 personas a la Asamblea. De ese total, solo se facilitó la documentación completa de 196 contrataciones.
En 188 de esos casos, los formularios y memorandos carecían de información clave como las funciones del cargo. En nueve expedientes, se recomendó la contratación de personas que no cumplían con los requisitos formales de instrucción y experiencia. Además, en tres casos no se encontró documentación que justificara su incorporación.
Reacciones políticas ante las contrataciones
La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) denunció la contratación de 17 funcionarios que, según su denuncia, habrían sido elegidos sin un proceso transparente. Aseguran que estos nombramientos fueron «a dedo».
Desde la dirección de la Asamblea Nacional se respondió que estos contratos correspondían a personal que ya trabajaba bajo la modalidad de servicios ocasionales, y que su promoción se dio tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Este proceso se realizó conforme a una reforma aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Conclusiones del estudio especial
La Contraloría concluyó que la Asamblea vinculó personal sin verificar que cumplieran con el perfil requerido para los puestos. Además, en muchos casos no se encontraron los documentos que demostraran la formación académica o experiencia de los contratados. Tampoco se detallaron las funciones específicas de los cargos en los contratos, lo que impide comprobar si el trabajo se corresponde con el perfil exigido.
Esta falta de control ha hecho que el proceso de contratación no solo sea cuestionado, sino también susceptible a interpretarse como una práctica de nepotismo institucionalizado.
Conclusión
La existencia de vínculos familiares entre legisladores y funcionarios contratados reaviva el debate sobre el uso ético de los recursos públicos y la transparencia en la función pública. La situación pone en entredicho la credibilidad del Legislativo y evidencia la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de control y selección de personal dentro de la Asamblea Nacional.
