La asambleísta Mónica Palacios Zambrano, perteneciente a la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), ha presentado una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra el ex presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y otros cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) por presunta violencia política de género. Esta acción legal fue formalizada el 7 de octubre y está siendo evaluada por el juez electoral Guillermo Ortega Caicedo, quien el 17 de octubre solicitó a Palacios que aclare y complete su denuncia en un plazo de dos días.
La controversia se origina en una sanción del CAL que tuvo lugar el 6 de mayo, cuando Palacios fue suspendida durante 60 días sin sueldo debido a acusaciones de acoso laboral hacia el funcionario Emilio Flor Zambrano, quien trabajaba en el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN). La resolución se aprobó con cinco votos a favor y dos en contra, y los asambleístas implicados en la denuncia son: Henry Kronfle (PSC), Ecknner Recalde (ADN), Diego Matovelle (ADN), Alexandra Castillo (ex-Construye, ahora PSC) y Jorge Acaiturri-Villa (PSC).
Alberto Montenegro, abogado de Palacios, subraya que la actuación del CAL no solo es inapropiada, sino que también refleja un sesgo de género. En lugar de salvaguardar los derechos de Palacios como mujer y legisladora tras la agresión, el CAL decidió sancionarla. Montenegro cuestiona la validez de la decisión, argumentando que carece de un fundamento fáctico y jurídico suficiente, lo que vulnera el derecho a una motivación adecuada en las resoluciones que afectan a los legisladores. Esta situación resalta la necesidad urgente de proteger y respetar los derechos de las mujeres en el ámbito político.
Palacios solicita que se tomen medidas contra el ex legislador y los cuatro miembros del CAL, conforme a los artículos 279 y 280 del Código de la Democracia, por actos de violencia política de género. Esto podría resultar en multas de hasta 60 salarios básicos unificados, así como en la destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos a cuatro años.
Montenegro también ha expresado su sorpresa ante la solicitud de aclaración de la denuncia, considerando que la información es clara y suficiente. Aseguró que el lunes se responderá al requerimiento del juez. En la providencia emitida, se exige a la denunciante que especifique el acto o resolución que motiva su denuncia y que identifique a los responsables, así como que detalle los agravios y los preceptos legales que considera vulnerados.
