La ministra del Interior, Mónica Palencia, ha presentado una denuncia penal contra el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz. En una carta enviada a la Fiscalía General del Estado el 23 de agosto de 2024, Palencia señala que Muñoz podría haber cometido un delito de acción pública, según lo estipulado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta figura legal se refiere al incumplimiento de decisiones legítimas de una autoridad competente.
Aunque Palencia no acusa directamente a Muñoz, en su escrito solicita que el peritaje forense determine la identidad de los responsables. La denuncia se basa en imágenes y transcripciones de un video publicado en la cuenta institucional del Parlamento el 22 de agosto, en el que Muñoz indicaba que la Asamblea no cumpliría con un fallo de un juez de garantías constitucionales. Este fallo había sido emitido en respuesta a una acción de protección presentada por la legisladora oficialista Inés Alarcón, con el objetivo de reactivar tres juicios políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso que habían sido archivados.
Palencia argumenta que el anuncio de no acatar el fallo judicial constituye un «desacato deliberado» y «un acto humillante para el Estado». Alega que tal postura menoscaba el sistema democrático y la seguridad jurídica, además de perjudicar su situación personal, ya que actualmente enfrenta un juicio político por incumplimiento de funciones, presentado por la bancada correísta, que está suspendido hasta el regreso de los legisladores el 2 de septiembre.
La ministra solicita que se investigue si las declaraciones de Muñoz fueron una decisión del pleno de la Asamblea, una orden de superiores jerárquicos, o si Muñoz actuó de forma autónoma, confundiendo las normas constitucionales sobre fiscalización con la protección judicial en casos procedimentales que afectan derechos fundamentales. Además, el mismo 23 de agosto, el asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) Xavier Jurado también denunció a Muñoz por usurpación y simulación de funciones públicas, así como por falsificación y uso de documentos falsos. Jurado acusa a Muñoz de hacer declaraciones públicas que no representan la postura oficial de la Asamblea y de enviar al Registro Oficial leyes aprobadas con errores que luego corrigió mediante una «fe de erratas», lo cual considera ilegal.
Por su parte, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, defendió la actuación de Muñoz, afirmando que fue delegado por las bancadas mayoritarias para ejercer esa vocería y que sus declaraciones estaban respaldadas por dichas bancadas.
