La ministra de la Mujer y Derechos Humanos de Ecuador, Arianna Tanca, declaró este viernes que el escándalo generado por las denuncias contra un fotógrafo que acosaba a mujeres, incluidas ‘influencers’ y presentadoras de televisión, es solo el inicio de una red mucho más amplia de abuso y explotación digital. La funcionaria señaló que, además del principal sospechoso, existen al menos ocho personas más involucradas en prácticas similares, quienes también pedían y distribuían imágenes y videos íntimos a través de plataformas digitales.
“Lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg. Hay más de un fotógrafo operando con un modus operandi similar. Además de mujeres adultas, también hay menores de edad involucradas”, afirmó Tanca, quien encabezó una mesa de trabajo junto a varias instituciones el viernes por la mañana para abordar este complejo caso.
El inicio del escándalo
El caso comenzó a ganar atención pública el 18 de noviembre, cuando mujeres de diversas partes del país comenzaron a denunciar a un joven fotógrafo identificado como ‘Isma V.’ por acoso y extorsión digital. En las denuncias, las víctimas revelaron que el hombre aprovechaba su rol como fotógrafo para obtener material íntimo, pidiendo acceso a sus cuentas de iCloud bajo la excusa de actualizar sus dispositivos. En otras ocasiones, les solicitaba imágenes explícitas y audios sexuales para supuestas tareas universitarias.
Este contenido privado no solo quedaba en manos del sospechoso, sino que también era compartido en grupos de Telegram, donde el hombre distribuía y comercializaba las imágenes robadas.
Investigación y consecuencias legales
Tras las denuncias, la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación de oficio contra el fotógrafo, por presunta violación a la intimidad y exhibición pública con fines sexuales. La Universidad Casa Grande de Guayaquil también presentó una denuncia formal contra el estudiante, acusándolo de acoso sexual y violencia digital de género.
Además, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos activó los Servicios de Protección Integral y el Centro Violeta en Guayaquil, con el fin de brindar atención a las víctimas. Hasta el momento, se ha identificado a 80 víctimas, aunque Tanca estima que el número podría llegar a ser mucho mayor.
Una red más grande de lo que parece
Según la ministra, este caso podría implicar hasta 2.000 personas afectadas por varios fotógrafos con el mismo modus operandi. A medida que más víctimas se atrevieron a hablar, surgieron historias similares de otras mujeres que también fueron acosadas por otros individuos utilizando estrategias idénticas.
“Este caso ha sido un punto de quiebre, porque no solo estamos hablando del caso de ‘Isma V.’, sino que ha motivado a otras mujeres a salir de las sombras y compartir sus experiencias. Esto está destapando una olla de grillos en nuestra sociedad”, dijo Tanca, destacando la magnitud del fenómeno que se extiende por varias provincias del país.
Respuesta institucional y sensibilización social
El Ministerio de la Mujer enfatizó la importancia de una respuesta coordinada entre las distintas instituciones para abordar no solo la denuncia, sino también para implementar políticas públicas que prevengan la violencia digital y sensibilicen a la población sobre estos delitos. “Es necesario empezar a trabajar en un plan integral para prevenir y sensibilizar sobre la violencia digital. Este tipo de delitos no pueden seguir impunes”, añadió Tanca.
La Fiscalía, por su parte, está considerando incluir cargos adicionales como pornografía infantil y extorsión, en el marco de sus investigaciones. Además, se han tomado medidas para proteger los datos y la privacidad de las víctimas, mientras se agilizan los procesos judiciales para evitar que las denunciantes sufran más daño.
La importancia de la educación y prevención
Tanca también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la ciudadanía. “Es fundamental que entendamos que no es normal que se violente nuestra intimidad, que se nos intimide o que se nos extorsione. Las víctimas no deben sentirse culpables, sino que la vergüenza debe recaer sobre el abusador, que en su posición de poder explotó la confianza de las mujeres, muchas de ellas menores de edad”, expresó.
La ministra concluyó diciendo que este caso es un claro ejemplo de la necesidad urgente de cambiar la percepción social sobre la violencia digital y de fortalecer la legislación para proteger a las víctimas de este tipo de abusos.
