El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la suspensión inmediata de los acuerdos de gas con Trinidad y Tobago, calificando la medida como una respuesta a una “amenaza directa” proveniente del país insular. La decisión se produjo luego de que un destructor de la Armada de Estados Unidos arribara a territorio trinitense para realizar ejercicios militares en el mar Caribe, lo que Caracas interpretó como un movimiento hostil coordinado por Washington.
“Suspendido todo”, declaró el mandatario durante una transmisión nacional, al tiempo que confirmó haber aprobado la propuesta presentada por el Ministerio de Hidrocarburos, dirigido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, junto con la directiva de PDVSA, para cesar los acuerdos energéticos bilaterales.
Maduro aseguró que se trata de una “medida cautelar de suspensión inmediata”, y adelantó que solicitó recomendaciones al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a la Asamblea Nacional (AN) para tomar decisiones “estructurales” sobre el futuro de la cooperación energética con Trinidad y Tobago.
El presidente recordó que el convenio energético fue firmado “con mucha ilusión hace años” con el objetivo de desarrollar los bloques de gas compartido entre ambos países. “Manteníamos esta cooperación como una muestra de hermandad y solidaridad bolivariana”, expresó, agregando que Trinidad y Tobago agotó sus reservas de gas, por lo que dependía de los suministros venezolanos.
Sin embargo, Maduro acusó a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de actuar como “propulsora de la guerra” y de pretender convertir su territorio en “el portaaviones del imperio estadounidense contra Suramérica”. “Ante esa amenaza, solo queda una alternativa”, enfatizó.
Horas antes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez había anunciado que propuso al mandatario la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética, firmado en 2015 por un período de diez años y renovado automáticamente en febrero de 2025 por cinco años adicionales.
Rodríguez detalló que el pacto contemplaba la explotación conjunta de yacimientos de gas, el desarrollo de infraestructura y la ejecución de proyectos en hidrocarburos, lo que representaba un eje clave de integración energética en el Caribe.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago rechazó las acusaciones de Caracas y negó que los ejercicios militares estadounidenses tengan fines hostiles contra Venezuela. En un comunicado, la institución aseguró que la presencia de la Armada de EE.UU. responde a operaciones contra el narcotráfico, así como a acciones de cooperación humanitaria y de seguridad regional.
El Gobierno venezolano, no obstante, reiteró su denuncia de una “provocación militar coordinada con la CIA” y advirtió que el despliegue estadounidense busca “propiciar un cambio de régimen en Venezuela”. Según fuentes oficiales, el Ejecutivo evalúa nuevas medidas diplomáticas y de defensa para “garantizar la soberanía energética y territorial” del país.
Con esta decisión, Caracas cierra un capítulo clave en la cooperación energética caribeña y refuerza su postura de resistencia frente a la influencia estadounidense en la región.
