Este lunes, el gobierno de Venezuela anunció que se reserva el derecho de tomar acciones legales para “reparar” el daño causado por la confiscación del avión oficial del presidente Nicolás Maduro. El avión fue incautado en la República Dominicana por orden de las autoridades estadounidenses, en el marco de las sanciones impuestas a Caracas.
En un comunicado oficial, el Ejecutivo de Maduro calificó la confiscación del avión como un acto de “piratería”. Según las autoridades estadounidenses, la aeronave, un Dassault Falcon 900EX, fue transferida a Florida porque fue “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares. Esta aeronave, que pertenece a Maduro y a personas cercanas a él, estaba siendo operada en su nombre.
Venezuela ha denunciado que la medida de EE.UU. es una “práctica criminal” y una manifestación de la política agresiva del país norteamericano contra el gobierno venezolano. El comunicado del Ejecutivo acusa a EE.UU. de usar su poder económico y militar para presionar a otros estados, como la República Dominicana, para que se conviertan en cómplices de sus “acciones delincuenciales”.
El gobierno de Caracas argumenta que esta confiscación no es un evento aislado, sino parte de una serie de acciones contra el gobierno venezolano tras las controvertidas elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue declarado vencedor. Este resultado ha sido cuestionado por numerosos países y por la oposición venezolana, que denuncia fraude electoral.
El fiscal general de EE.UU., Merrick B. Garland, explicó que a finales de 2022 y principios de 2023, individuos asociados con Maduro supuestamente usaron una empresa fantasma en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión. El avión fue posteriormente exportado desde EE.UU. a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023, y desde entonces se ha utilizado principalmente en vuelos hacia y desde una base militar en Venezuela, beneficiando a Maduro y sus representantes, incluso para transportar al presidente en sus visitas internacionales.
Garland añadió que el Departamento de Justicia continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y los controles de exportación para evitar que recursos estadounidenses sean utilizados para “socavar la seguridad nacional de EE.UU.”.
