La candidata presidencial Luisa González, respaldada por la coalición Revolución Ciudadana (RC) y Renovación Total (RETO), ha solicitado formalmente un recuento de votos tras la segunda vuelta electoral del 13 de abril, en la que Daniel Noboa, del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), fue declarado vencedor con el 56,13% de los sufragios frente al 43,87% de González.
González ha denunciado un presunto fraude electoral, alegando inconsistencias en el proceso de escrutinio y discrepancias con las encuestas previas. Sin embargo, hasta la fecha, no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, ha aclarado que las acusaciones de fraude son consideradas un delito penal según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece sanciones de prisión de cinco a siete años para quienes alteren los resultados de un proceso electoral.
En cuanto al recuento de votos, la ley ecuatoriana permite solicitarlo en tres casos específicos:
Discrepancias en los resultados: Si se presenta una copia del acta de escrutinio que no coincide con el acta computada .
Inconsistencia numérica: Si el sistema informático de escrutinio rechaza un acta debido a una diferencia superior al 1% entre el número de sufragantes y el número de votos contabilizados.
Faltas en la firma del acta: Si el acta de escrutinio carece de las firmas del Presidente o Secretario de la Junta Receptora del Voto.
Hasta el momento, el CNE ha informado que el escrutinio de votos está en proceso en cuatro de las 24 provincias del país. La presidenta Atamaint ha resaltado que las presuntas inconsistencias detectadas en las actas están dentro de los márgenes históricos de procesos electorales anteriores y no afectan la validez de los resultados.
Por su parte, misiones internacionales de observación electoral, como la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han descartado la existencia de fraude en el proceso electoral. Gabriel Mato, jefe de la misión de observadores de la UE, afirmó que «no hay ni un solo elemento objetivo que indique que ha habido cualquier tipo de fraude».
En este contexto, la solicitud de recuento de votos de Luisa González se enmarca dentro de los mecanismos legales establecidos por el CNE. Sin embargo, la falta de pruebas que respalden las acusaciones de fraude y el respaldo de observadores internacionales a la transparencia del proceso electoral podrían influir en la resolución de su solicitud.
