A ocho días de celebrarse la segunda vuelta electoral en Ecuador, la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, deberá preparar sus eventuales objeciones una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficialice los resultados numéricos de los comicios. Hasta el momento, el organismo solo tiene pendiente el conocimiento de una última acta para completar el 100 % del escrutinio.
Este domingo 20 de abril, el Sistema Informático de Escrutinios y Resultados (SIER) del CNE reportaba que falta procesar únicamente un acta correspondiente a la circunscripción del exterior, específicamente de la mesa de votación ubicada en París, Francia, que forma parte de la zona de Europa, Asia y Oceanía.
Con la proclamación final de los resultados, se activará el calendario electoral para la presentación de recursos, lo que permitirá a los sujetos políticos, incluidas las organizaciones que respaldan a González, interponer reclamos administrativos o demandas ante la jurisdicción electoral. Este procedimiento es parte de las garantías contempladas en la legislación para preservar la transparencia del proceso.
Desde el entorno de la candidata del movimiento Revolución Ciudadana, no se descarta impugnar ciertos resultados en caso de hallar inconsistencias. “Vamos a esperar que se proclamen los números oficiales para revisar con precisión los resultados, y si corresponde, ejerceremos nuestros derechos”, indicó uno de sus voceros.
La contienda del 13 de abril fue seguida de cerca por observadores nacionales e internacionales. Aunque el proceso fue calificado como ordenado por distintas misiones electorales, sectores del correísmo han insistido en que vigilarán cada detalle del cierre oficial para garantizar la legitimidad del proceso.
El siguiente paso del CNE será convocar a una sesión para declarar oficialmente los resultados, paso previo a la notificación legal a los candidatos y al inicio del plazo para presentar cualquier objeción. De acuerdo con el cronograma electoral, los reclamos pueden presentarse ante los tribunales contenciosos electorales dentro de los plazos establecidos por el Código de la Democracia.
