El primer conflicto disciplinario del actual periodo legislativo se desató tras la denuncia presentada por la asambleísta oficialista Diana Jácome, de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), contra el legislador Ronal González Valero, miembro del movimiento Revolución Ciudadana (RC). La queja fue remitida al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y solicita una sanción que podría extenderse hasta por 90 días.
Según el informe presentado, durante la cuarta sesión plenaria de la Asamblea Nacional, celebrada el pasado 28 de mayo, González irrumpió en el salón con un megáfono y profirió gritos ofensivos, uno de ellos dirigido a otro legislador con la frase: “¿Sí me escuchas, sinvergüenza?”. El acto fue calificado por Jácome como una acción premeditada, intimidatoria y atentatoria contra la dignidad del Parlamento.
La denuncia no solo busca llamar la atención sobre el comportamiento del legislador, sino que también exige que se restablezca el orden institucional dentro del recinto legislativo. “Lo ocurrido constituye una falta grave contra el reglamento interno y afecta el respeto debido a las funciones del Estado”, afirmó la legisladora de ADN.
En contraste, Ronal González ha denunciado públicamente que los miembros de la Revolución Ciudadana enfrentan restricciones sistemáticas para intervenir o presentar mociones durante las sesiones del pleno. El 20 de mayo, González aseguró que existe un bloqueo deliberado contra su bancada, razón por la cual anunció que su movimiento empezaría a utilizar megáfonos como método de protesta para exigir el derecho a la palabra en los debates legislativos.
“Si no nos permiten hablar, tendremos que hacernos escuchar”, dijo el asambleísta en declaraciones previas. La postura ha sido respaldada por otros miembros de la RC, quienes aseguran que están siendo marginados por las autoridades del Legislativo, lo que representa —a su juicio— una vulneración al principio de representación democrática.
El caso será analizado por las instancias correspondientes del Parlamento. De prosperar la denuncia, esta sería la primera suspensión aplicada a un legislador en lo que va del nuevo periodo legislativo.
