Daniel y Noé Salcedo Bonilla, conocidos por su implicación en escándalos de corrupción durante la pandemia, han sido trasladados en varias ocasiones entre centros penitenciarios del país. Su reciente reencuentro en la cárcel de Riobamba terminó con un nuevo incidente que encendió las alarmas de seguridad.
Los hermanos, oriundos de Guayaquil, se convirtieron en figuras mediáticas luego de que en 2020 fueran detenidos por su participación en una red de corrupción vinculada a millonarios contratos con presuntos sobreprecios en el hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS. Desde entonces, su historial carcelario ha estado marcado por múltiples traslados y medidas de vigilancia especial.
La noche del martes 24 de junio, Noé Salcedo fue retirado de la cárcel de Riobamba bajo un fuerte dispositivo de seguridad, luego de resultar herido durante una riña entre internos. Fue llevado al hospital General de Riobamba, donde recibió atención médica antes de ser reincorporado al centro de privación de libertad.
Su hermano mayor, Daniel Salcedo, quien también cumple condenas por delitos como peculado, fraude procesal y lavado de activos, había sido trasladado desde la cárcel La Roca, en Guayaquil, hasta Riobamba pocos días antes. Este cambio se realizó por razones de seguridad, tras un intento de atentado en su contra dentro del penal de máxima seguridad.
Ambos se reencontraron en el centro de Riobamba, pero la convivencia duró poco antes de que estallara el nuevo episodio de violencia. El SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad) confirmó que los dos están bajo estricta vigilancia y “a buen recaudo”.
Los hermanos Salcedo acumulan múltiples procesos judiciales. Daniel fue sentenciado a 13 años de prisión en 2022, mientras que Noé ha enfrentado cargos relacionados con enriquecimiento ilícito y vínculos con estructuras delictivas. Su historia ha sido señalada como un ejemplo de cómo la corrupción estatal se infiltró en plena emergencia sanitaria por el COVID-19.
El caso sigue siendo observado por la opinión pública y ha generado múltiples llamados a reformar el sistema penitenciario y garantizar la integridad de detenidos de alto perfil.
