El Gobierno ha decretado este miércoles 29 de junio de 2022, el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Azuay, Sucumbíos y Orellana, ante una «grave conmoción interna» generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que llevan 18 días.
Mediante un decreto ejecutivo, Guillermo Lasso, declaró que el estado de excepción, que durará 30 días, busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas.
Dicho decreto establece como «zonas de seguridad» las instalaciones petroleras en las provincias de Orellana y Sucumbíos y faculta a las Fuerzas Armadas a apoyar la acción de al Policía en el control interno. Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos y se exceptúan las protestas pacíficas.
También se restringe la libertad de tránsito, con excepciones, entre las 19:00 y 5:00 en las provincias de Sucumbíos y Orellana; mientras que en la de Azuay la medida se aplicará desde las 21:00 horas.
El decreto, además, señala que los agentes del orden deben observar «el estándar del uso progresivo de la fuerza», dependiendo del «nivel de agresión o resistencia». También, la norma dispone que la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas despeje las vías cerradas por los manifestantes y señala que los gobiernos locales tendrán a su cargo el control de los mercados de víveres.
Por otro lado, el Gobierno de Ecuador ha anunciado que reanudará el proceso de diálogo con el movimiento indígena para intentar dar soluciones a sus demandas económicas y poner fin a las protestas. Así lo ha precisado el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el Ejecutivo se someterá a la metodología, lugares y tiempos que proponga la Iglesia católica en el proceso de diálogo.
Tercer estado de excepción.
Este es el tercer estado de excepción que decreta el presidente Lasso desde el inicio del «paro nacional indefinido» que convocó desde el pasado 13 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra las políticas económicas del Gobierno, que tilda de neoliberales.
Esta medida se da después de que en algunas de estas provincias hayan sido escenarios de violentos episodios, como un enfrentamiento el martes en Sucumbíos entre manifestantes y fuerzas del orden que custodiaban un convoy de camiones de combustible, donde se produjo la muerte de un militar.
También en los últimos día la ciudad de Cuenca ha sufrido el desabastecimiento de productos esenciales como el oxígeno medicinal, ya que otro grupo de manifestantes impedía la llegada de un cargamento a la ciudad hasta que por fin le permitieron el paso este miércoles.
Los indígenas persisten en las demandas.
El movimiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales, ha expresado su intención de mantener las protesta de forma indefinida hasta que el Gobierno dé soluciones a un pliego de diez peticiones, algunos de los cuales ya han recibido respuestas parciales.
Las demandas, sobre todo, se centran en la reducción de 40 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, de consumo masivo, y el rechazo a la expansión de las actividades mineras y petroleras en zonas donde habitan comunidades campesinas e indígenas, sobre todo en la Amazonía.
