La situación de seguridad en Ecuador ha alcanzado un nivel crítico, marcado por la creciente violencia del crimen organizado. Entre el 8 de enero y el 19 de septiembre de 2024, se reportaron 26 policías y un militar muertos a manos de delincuentes, lo que subraya la grave crisis que enfrenta el país. Este panorama ha llevado al gobierno a declarar un estado de excepción desde el 3 de octubre en seis provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena y El Oro, así como en el Distrito Metropolitano de Quito y en el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. La medida, que se extenderá por 60 días, incluye un toque de queda en ciertas localidades.
El toque de queda se implementa de 22:00 a 05:00 en los trece cantones de Los Ríos, que incluyen Babahoyo, Quevedo y Ventanas, así como en la parroquia Tenguel de Guayaquil y en Durán. Sin embargo, los servicios esenciales, como salud pública y emergencias, están exentos de esta restricción. Este es el segundo estado de excepción que se establece en el país desde julio, también debido a la grave conmoción interna provocada por la violencia.
La justificación para esta nueva medida de emergencia se encuentra en las alarmantes estadísticas de homicidios. Desde enero, se han registrado 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 son dobles asesinatos y 96 triples. Estos números no solo reflejan la brutalidad de los ataques, sino que también indican una estrategia planificada por parte de los grupos de delincuencia organizada (GDO) para causar terror en la población y debilitar la autoridad del Estado.
El decreto también menciona que 109 personas han sido víctimas colaterales de estos actos de violencia, resaltando el impacto devastador en la población civil. «La violencia masiva y sistemática plantea serios retos a la seguridad pública y la estabilidad en Ecuador», señala el decreto.
A pesar de los esfuerzos del gobierno para contener estas amenazas mediante operaciones militares, la situación sigue siendo crítica. Las fuerzas de seguridad continúan encontrando grandes cantidades de drogas y armamento en manos de estos grupos organizados, lo que indica que los índices de criminalidad permanecen elevados.
Desde el comienzo del año hasta el 19 de septiembre, la violencia ha cobrado la vida de 27 miembros de la fuerza pública, destacando que 26 de ellos eran policías. Esta alarmante cifra pone de manifiesto el desafío que enfrenta el Estado frente a la violencia del crimen organizado. El informe del Ministerio del Interior destaca que estos ataques sistemáticos no solo buscan intimidar, sino que también tienen como objetivo eliminar a aquellos que mantienen el orden, aumentando así el riesgo para los servidores públicos.
Los ataques no se limitan a la policía; también han afectado al personal del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI). Recientemente, se registraron asesinatos de directores de cárceles, lo que pone en evidencia la gravedad de la situación en el sistema penitenciario.
