El futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Ecuador depende de varias decisiones clave, tanto en la Asamblea Nacional como en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Las disputas políticas sobre el cargo de la vicepresidenta del CPCCS, Johanna Verdezoto, y la posible destitución de cuatro vocales del ala correísta en el TCE podrían intensificar las tensiones entre el Gobierno de Daniel Noboa y los grupos opositores.
El viernes pasado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se reunió para calificar el juicio político contra Verdezoto, quien enfrenta acusaciones de incumplimiento de funciones. La asambleísta Ana Herrera, miembro de la Revolución Ciudadana (RC), presentó la denuncia por posibles conflictos de interés en el proceso de selección del titular de la Defensoría Pública, así como por concusión y perjurio relacionados con un contrato de arrendamiento. De acuerdo con los informes, Verdezoto habría solicitado a una colaboradora que firmara un contrato de arrendamiento para justificar gastos de vivienda a su nombre, cuando ella no era propietaria del inmueble.
Si el juicio político avanza, Verdezoto podría ser destituida, lo que abriría la puerta a la designación de Ángel Chela Llumiquinga, quien fue asesor legal en el Gobierno de 2021-2022 y tiene una cercanía con la Revolución Ciudadana. Esto podría alterar la composición del CPCCS y generar un cambio en el equilibrio político, ya que Verdezoto fue parte de la mayoría que apoyaba a Alembert Vera, un exabogado de Rafael Correa.
Simultáneamente, el TCE se enfrenta a un proceso clave que podría destituir a cuatro vocales cercanos al correísmo, quienes están siendo investigados por infracciones electorales. Estos vocales, Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga, fueron acusados de recibir apoyo político durante la campaña electoral de 2023, en un proceso denominado la «liga azul», en referencia al movimiento correísta. La denuncia fue presentada por activistas que alegaron que los vocales fueron promovidos por Rafael Correa y su partido, la RC.
El TCE atraviesa un momento tenso, tras la destitución de Fernando Muñoz Benítez como presidente del tribunal en agosto de 2024, lo que alteró la dinámica interna. Los nuevos jueces, Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, tomaron decisiones clave, como la negación de la inscripción de la candidatura presidencial de Jan Topic Feraud, argumentando posibles conflictos de interés. Sin embargo, la decisión fue controversial, ya que no se le permitió a Topic ejercer su derecho a defensa, al no entregarse toda la documentación relevante.
El TCE se encuentra ahora en una encrucijada, con un pedido de recusación contra el magistrado Roosvelt Cedeño, que podría cambiar el rumbo de la situación. Si el tribunal decide destituir a los vocales cercanos a la RC, la Asamblea Nacional tendría que nombrar nuevos miembros del CPCCS, lo que podría cambiar aún más la composición del organismo.
Los reemplazos de los vocales implicarían la ascensión de figuras cercanas al Gobierno, como Gonzalo Albán, suplente de Verduga, y David Rosero, exconsejero destituido por la Corte Constitucional. Otros reemplazos posibles son Piedad Cuarán, quien sustituiría a Saltos, y Mónika Mosquera Romero, quien ocuparía el puesto de Párraga. Estas posibles modificaciones en el CPCCS podrían marcar un giro importante en las dinámicas políticas del país.
A medida que se avanza en estos procesos judiciales y políticos, el país observa cómo las tensiones entre el Gobierno y la oposición se intensifican, mientras se definen los próximos pasos en la lucha por el control de instituciones clave como el CPCCS y el TCE. Los resultados de estos procesos tendrán un impacto significativo en las elecciones de 2025 y en la política interna del país.
