El 5 de enero de 2025 marcó el inicio de la campaña electoral para las elecciones generales en Ecuador, que se celebrarán el 9 de febrero. Sin embargo, la presencia del presidente Daniel Noboa en eventos públicos generó controversia, ya que algunos cuestionaron si su participación implicaba una violación de las normativas electorales. Noboa, que también se presenta como candidato, no solicitó licencia para hacer campaña. Ante estos señalamientos, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, salió en su defensa y aclaró que no existe violación de la ley ni de la Constitución.
De la Gasca destacó que no es obligatorio que el presidente pida licencia para hacer campaña, ya que no está “constitucional ni legalmente obligado” a hacerlo. El ministro subrayó que Noboa no ha dejado de gobernar durante este tiempo, y su presencia en actividades de apoyo popular no debe interpretarse como proselitismo político, sino como un acto de cercanía con su pueblo.
El domingo 5 de enero, un grupo de simpatizantes se concentró en los exteriores del Palacio de Carondelet para mostrar su respaldo al presidente. Durante este evento, Noboa se dirigió a los asistentes desde el balcón de su residencia, destacando que en las próximas semanas se alcanzarán logros significativos para el país y convocó a la unidad del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, De la Gasca rechazó la idea de que esto fuera un acto de campaña, calificando la concentración como una muestra de apoyo ciudadano a la democracia, y no un mitin político.
El ministro también se refirió al artículo 278 del Código de la Democracia, que establece sanciones por infracciones electorales graves, como el uso indebido de recursos públicos para fines electorales. A pesar de las críticas, De la Gasca aseguró que el presidente no ha infringido ninguna norma y que cualquier denuncia de infracción será atendida según las reglas establecidas. “En ningún caso hay proselitismo político ni promoción de candidaturas. El presidente está cumpliendo con su labor de gobernar en medio de una crisis”, afirmó el funcionario.
Por otro lado, el ministro denunció que hay un “plan golpista” en marcha para destituir al presidente Noboa, y mencionó que la vicepresidenta Verónica Abad estaría siendo promovida para asumir el cargo. De la Gasca reveló que algunos actores políticos intentaron organizar un golpe de Estado indirecto, particularmente desde la Asamblea Nacional, argumentando que buscan desestabilizar el poder ejecutivo y tomar el control del país. Esta denuncia se enmarca en un contexto político tenso, con la cercanía de las elecciones y un clima de incertidumbre.
Además, De la Gasca abordó el tema de la ausencia de la vicepresidenta Abad, quien no se presentó a cumplir con una misión diplomática en Ankara, Turquía, lo que según el Gobierno constituye una falta grave. El ministro enfatizó que para que Abad pueda cesar en su cargo de forma temporal, debe cumplir con las órdenes presidenciales y presentarse a la cita internacional.
En cuanto al caso de los niños asesinados en Las Malvinas, De la Gasca rechazó las acusaciones de que el Gobierno guardó silencio al respecto. Explicó que, tan pronto como se conoció el caso, el presidente expresó su pesar y el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado oficial. También refutó las versiones que hablaban de un “crimen de lesa humanidad” o “crimen de Estado”, aclarando que el caso está siendo tratado como un delito de desaparición forzada, y pidió que la justicia determine las responsabilidades correspondientes.
El ministro concluyó destacando que el Gobierno está comprometido con la justicia y la transparencia en todos los casos, y que los acusadores deben esperar a que el proceso judicial siga su curso. Según De la Gasca, aquellos que califican el caso de Las Malvinas como un crimen de Estado están equivocados y deben informarse mejor sobre el proceso judicial en curso.
