En los últimos días, México ha implementado un nuevo sistema para elegir a los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces mediante el voto popular, un proceso que ya existe en Bolivia desde 2009. Este modelo de elección ha sido objeto de controversia en ambos países, y los críticos destacan desafíos significativos, como el desconocimiento de los candidatos por parte de la ciudadanía.
Desde su introducción, Bolivia ha realizado elecciones en dos ocasiones, en 2011 y 2017, para seleccionar a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional y otros organismos judiciales. Sin embargo, la participación popular ha sido baja. En 2011, un 60% de los votos fueron en blanco o nulos, y en 2017 esa cifra aumentó al 65%. Este fenómeno se atribuye a que muchos ciudadanos no conocen a los cientos de aspirantes que aparecen en las boletas.
Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente de Bolivia y de la Corte Suprema, explica que el alto índice de votos nulos refleja el descontento con el sistema, ya que la población no está familiarizada con los candidatos. Por su parte, el jurista Farit Rojas, profesor en la Universidad Mayor de San Andrés, reconoce que la elección popular de jueces representa un avance en los derechos, pero señala que el método de selección de candidatos, basado en listas votadas por el Congreso, carece de apoyo popular.
La situación se asemeja a la propuesta del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha presentado la reforma judicial como una forma de democratizar el sistema judicial. López Obrador afirma que elegir a los jueces directamente permite purificar el poder judicial y evita la concentración de poder. Durante la discusión en Bolivia en 2009, se esgrimieron argumentos similares, enfatizando la necesidad de participación popular en la administración de justicia.
Sin embargo, dos problemas han marcado la experiencia boliviana: la selección de candidatos y el proceso de votación. En Bolivia, la Asamblea Legislativa realiza una preselección de candidatos, que debe ser aprobada por dos tercios. Este mecanismo ha sido criticado, ya que el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS), ha tenido la mayoría para aprobar listas que no siempre incluyen a los mejores candidatos.
En México, la reforma reciente permite que juristas actuales accedan a la elección popular, pero también abre la posibilidad de que personas con menos experiencia puedan postularse. Esto ha generado críticas sobre la calidad de los candidatos seleccionados, similar a lo que ocurre en Bolivia.
Los procedimientos de votación en ambos países también presentan retos. En Bolivia, los votantes enfrentan boletas largas con numerosas fotografías y nombres, lo que dificulta la identificación de los candidatos. En México, la nueva ley también prohíbe campañas financiadas con dinero público o privado, lo que podría hacer más complicado para los votantes conocer a los aspirantes.
A pesar de estas críticas, algunos argumentan que la apertura del sistema judicial a la participación ciudadana es un paso positivo. En Bolivia, se ha promovido la inclusión de sectores marginados, como los pueblos indígenas, y se ha priorizado la paridad de género.
Sin embargo, la preocupación por la influencia del crimen organizado en la elección de jueces es palpable. Críticos en México advierten que el voto popular podría facilitar la manipulación por parte de cárteles. En Bolivia, aunque no se ha observado este fenómeno, la influencia política es evidente. Rojas argumenta que, al dar el poder de voto al pueblo, se complica la corrupción masiva.
Por otro lado, defensores de la reforma en México sostienen que existen mecanismos de control para prevenir la corrupción. Se espera que la creación de un Tribunal de Disciplina permita un monitoreo más efectivo de los jueces, un cambio necesario respecto al Consejo de la Judicatura Federal, que ha mostrado deficiencias en la investigación de irregularidades.
