La ministra del Interior, Mónica Palencia, enfrenta una crucial decisión por parte del pleno de la Asamblea Nacional, que determinará si se archiva o se avanza con el juicio político en su contra. Este desenlace se produce tras la reunión del 9 de octubre de la Comisión de Fiscalización, donde no se logró la aprobación de un informe que sugiriera el juicio.
Durante esa sesión, la propuesta de la asambleísta Sofía Espín (RC) recibió solo cuatro votos a favor, todos de la bancada de la Revolución Ciudadana, mientras que cinco legisladores de Acción Democrática Nacional, Aliados y el asambleísta Lenin Rogel votaron en contra.
La presidenta del Parlamento, Viviana Veloz, ha convocado una sesión que iniciará el 15 de octubre para que el pleno tome una decisión sobre la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas (RC).
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, resaltó que el hecho de que la solicitud de juicio se discuta ya es un avance para la democracia, permitiendo escuchar tanto a los acusadores como a la ministra. La decisión final corresponderá al pleno de la Asamblea.
Las acusaciones contra Palencia incluyen un supuesto incumplimiento de funciones relacionado con un incidente en la Embajada de México en Quito, donde fue detenido el exvicepresidente Jorge Glas, además de la falta de un plan efectivo, denominado Fénix, para abordar la creciente violencia criminal en el país.
De acuerdo con la ley orgánica de la Función Legislativa, el pleno puede decidir sobre el juicio político con una mayoría simple, incluso si no se presenta un informe de recomendación. Esto significa que, en caso de desacuerdo, la decisión recaerá directamente en el pleno, que actuará tras una moción de cualquier legislador.
Los cinco miembros que se opusieron al informe están preparando un documento alternativo, que será presentado el 11 de octubre para añadirse al expediente del juicio político. Simultáneamente, la bancada de la Revolución Ciudadana también está elaborando un informe que recomienda el inicio del juicio político.
Una vez que la Comisión de Fiscalización remita el expediente a la presidencia de la Asamblea, se podrá avanzar al siguiente paso del juicio político. Además, se encuentra pendiente otro pedido de juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo Peña, presentado en abril por tres asambleístas, con acusaciones de incumplimiento de funciones y negligencia en la gestión del sector eléctrico durante la crisis energética.
