La justicia ecuatoriana intensifica las investigaciones en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, tras ordenar la alerta roja de Interpol contra el exministro del Interior José Serrano y el empresario Xavier Jordán Mendoza, ambos señalados como presuntos autores intelectuales del crimen ocurrido en agosto de 2023.
La decisión fue emitida por la jueza Luz María Ortiz, de la Unidad Judicial Norte de Quito, quien dispuso además la prisión preventiva para ambos procesados luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada el jueves 23 de octubre. La magistrada consideró que las anteriores medidas —presentaciones periódicas ante el consulado ecuatoriano en Miami— eran insuficientes ante los riesgos de fuga y posible obstrucción de la investigación.
“Existen elementos nuevos que demuestran una influencia indebida dentro de la Policía y un intento de obstaculizar el proceso judicial”, señaló la fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, quien presentó el pedido de revisión de medidas.
Hidalgo explicó que los hechos incorporados después de la formulación de cargos en el denominado caso Magnicidio FV evidencian la capacidad de Serrano para influir en mandos policiales, así como la intervención de Jordán en la coordinación de actividades relacionadas con el crimen. Por ello, solicitó reemplazar las medidas de presentación periódica por una orden de prisión preventiva.
Hasta el momento, solo la defensa de Jordán, liderada por el abogado Jesús Naranjo, ha presentado un recurso de apelación ante la Corte Provincial de Pichincha.
La Fiscalía sustentó su pedido con nuevas pruebas y testimonios, entre ellos un testimonio directo, cinco versiones adicionales, una pericia informática y registros de chats de la aplicación Threema, donde se habrían coordinado detalles del atentado. Según estos elementos, el narcotraficante Leandro Norero habría ordenado el seguimiento a Villavicencio a solicitud de Jordán, mientras que Serrano habría participado en videollamadas para coordinar labores de “control policial y vigilancia” sobre el excandidato presidencial.
Además, versiones de exagentes policiales y personas privadas de libertad aseguran que Serrano mantenía una red de influencia en la Policía Nacional y que existieron amenazas contra testigos y colaboradores de la Fiscalía. Un testigo protegido incluso denunció haber sido agredido y advertido para que no declare. Otro testimonio señaló que Jordán financió la operación con aportes de varios actores políticos y que el plan incluyó manipular la seguridad de Villavicencio para que no dispusiera de un vehículo blindado el día del ataque.
Junto a Serrano y Jordán, también están procesados el exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, y el empresario Daniel Salcedo, quien ya cumple condenas por casos de corrupción en el sistema de salud. Según las investigaciones, estos cuatro implicados habrían tenido distintos grados de participación en la planificación y ejecución del magnicidio.
La solicitud de alerta roja de Interpol busca permitir su localización y captura en Estados Unidos, país donde ambos residen actualmente. Con esta medida, la justicia ecuatoriana pretende asegurar su comparecencia en el proceso judicial y evitar que el caso se vea afectado por demoras o interferencias internacionales.
Este nuevo giro en la investigación del asesinato de Villavicencio marca un avance clave en la búsqueda de los responsables intelectuales de un crimen que conmocionó al país y alteró el escenario político previo a las elecciones de 2023.
