La Asamblea Nacional reactivó el 30 de septiembre de 2024 el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, en medio de incidentes y fuertes reclamos. La funcionaria es acusada por los legisladores Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) por presunto incumplimiento de funciones, específicamente en relación con la irrupción de la Embajada de México en Quito y la falta de medidas para abordar la creciente inseguridad en el país.
Durante la sesión, las tensiones aumentaron cuando Palencia llegó al recinto y los legisladores cuestionaron su ausencia anterior, exigiendo que se documentara su falta. La ministra solicitó la intervención de su defensa técnica, encabezada por Fernando Yavar, pero su petición fue rechazada por la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre. En este primer día de audiencias, se decidió no considerar el testimonio de doce testigos relacionados con la irrupción en la embajada, quienes no asistieron a la sesión.
Berrezueta insistió en la necesidad de escuchar al exministro del Interior, José Serrano, lo que generó un debate sobre la pertinencia de este testimonio y su aceptación según la normativa. A pesar de las objeciones, Aguirre aprobó la solicitud y ordenó establecer una conexión telemática para escuchar a Serrano. Sin embargo, el quórum se perdió cuando miembros de la bancada ADN y sus aliados abandonaron la sala, lo que llevó a la suspensión de la sesión.
Antes de su salida, Palencia enfrentó a Cabezas, quien le reprochó por supuestamente tener «víctimas». La ministra defendió su reputación con vehemencia, afirmando que no tenía «las manos manchadas de sangre» y reiterando su compromiso con los derechos humanos desde joven.
Berrezueta expresó que había solicitado el testimonio de Serrano 20 días antes, resaltando que el exministro había denunciado presuntas conexiones entre policías y el narcotráfico. Según Berrezueta, la testificación de Serrano es crucial para entender las acciones de la ministra respecto a estas denuncias, ya que Serrano había entregado previamente a Palencia una carta mencionando a al menos quince policías implicados.
La ministra Palencia cuestionó la lógica detrás de llamar a Serrano, sugiriendo que el interpelante debería conocer su historial laboral junto a él. Además, destacó que en la solicitud de juicio no se mencionaba el listado de policías, lo que contradice las afirmaciones de Berrezueta. «Voy a defender mis derechos conforme a la ley y la Constitución», advirtió Palencia.
La sala de la Comisión de Fiscalización se mantuvo custodiada por la Policía y con acceso restringido. A pesar de las tensiones, se aprobó un cronograma para la presentación de testimonios, estableciendo que el informe sobre el juicio se completaría el 6 de octubre.
Los incidentes continuaron cuando Cabezas cuestionó la intervención de la defensa técnica de Palencia, sugiriendo que si no estaba de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, debería aspirar a un puesto en la Asamblea para promover cambios. La presidenta Aguirre interrumpió, pidiendo silencio y control en la sala.
Palencia, tomando la palabra, enfatizó la importancia de la Constitución y recordó que la ley no debe estar por encima de ella. Reiteró su derecho a conocer con anticipación las pruebas en su contra, señalando que el juicio no debería ser conducido sin claridad en la conexión de los hechos.
«Este juicio político se está llevando a cabo en violación de todos mis derechos», concluyó Palencia, advirtiendo que las irregularidades acumuladas podrían comprometer la validez del proceso. «Estoy aquí en representación de quienes luchan por recuperar la patria», afirmó, destacando que este no es un juicio en su contra, sino contra otros intereses.
