El intento de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Revolución Ciudadana (RC) y el movimiento Construye de sancionar a funcionarios públicos que no solicitaron licencia sin sueldo para postularse a la reelección inmediata, terminó en un fracaso en la Asamblea Nacional. La propuesta fue rechazada en la sesión No. 1004, realizada el 7 de enero de 2025, debido a la falta de apoyo en el pleno.
La iniciativa fue liderada por el legislador Andrés Briones del PSC, quien propuso un cambio en el orden del día. En su intervención, Briones señaló que el presidente Daniel Noboa y varios asambleístas de la bancada de ADN, que también se postulan para la reelección, no habían cumplido con la ley que exige a los funcionarios solicitar licencia sin remuneración al inicio de la campaña electoral. Según el legislador, esta omisión debería haber llevado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo con la Constitución y la ley.
La polémica en torno a la reelección de Noboa y otros funcionarios
El proyecto presentado por la oposición criticó fuertemente al presidente de la República, Daniel Noboa, quien, según los opositores, sigue ejerciendo su cargo sin solicitar la licencia correspondiente para dedicarse a la campaña electoral. El texto sostiene que desde el 5 de enero de 2025, fecha en la que comenzó oficialmente el periodo de campaña, Noboa ha estado aprovechando recursos y bienes públicos mientras continúa en funciones, sin que el CNE emita un pronunciamiento al respecto.
Este tema ha causado gran polémica en la política ecuatoriana, ya que el incumplimiento de la normativa que rige las licencias de los funcionarios públicos durante las campañas electorales se considera una violación al Estado de Derecho. Los opositores consideran que este tipo de infracciones debe ser sancionado de inmediato para evitar que la institucionalidad del país se vea comprometida, especialmente en el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
Las críticas a la falta de intervención de los organismos de control
Durante su intervención, Briones hizo un llamado a las instituciones encargadas de velar por la democracia en el país, como la Contraloría General del Estado y el CNE, para que intervengan y eviten el uso indebido de recursos públicos en las campañas electorales. Insistió en que no debe ser solo la Asamblea Nacional la que defienda el cumplimiento de la ley, sino también otros órganos de control. El legislador recordó que el Código de la Democracia establece principios fundamentales que los candidatos deben seguir para garantizar la transparencia y el respeto al proceso electoral.
El proyecto de resolución planteado por la oposición proponía que el CNE y la Contraloría sean más activos en la supervisión del proceso electoral, velando por el uso adecuado de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa vigente. También se planteaba ratificar la vigencia del artículo 93 de la Ley Orgánica Electoral, que obliga a los funcionarios públicos que busquen la reelección a pedir licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña hasta su finalización, es decir, desde el 5 de enero hasta el 9 de febrero de 2025.
El rechazo de la propuesta en la Asamblea Nacional
A pesar de los esfuerzos de la oposición, el proyecto de resolución no logró el apoyo suficiente en la Asamblea Nacional para ser tramitado. La votación del cambio de orden del día arrojó 62 votos a favor, 30 en contra y 9 abstenciones, lo que impidió que el documento fuera debatido en el pleno.
Este rechazo refleja las tensiones políticas que existen en la Asamblea Nacional, donde la mayoría está compuesta por asambleístas que pertenecen al oficialismo o a bancadas aliadas al gobierno. La falta de consenso sobre la necesidad de sancionar a los funcionarios incumplidores refuerza la polarización política en el país, que se ha intensificado en los últimos meses debido a la proximidad de las elecciones de 2025.
La importancia de las sanciones para el respeto a la ley electoral
Aunque la propuesta no avanzó, el debate sobre la aplicación de sanciones a los funcionarios que incumplen la ley electoral sigue siendo un tema candente en Ecuador. Para la oposición, la sanción a los responsables del uso indebido de recursos públicos es crucial para garantizar la transparencia y la equidad en las elecciones venideras. Asimismo, insisten en que el CNE y otros organismos de control deben asumir un rol más activo en la supervisión de las campañas y el cumplimiento de la ley.
El rechazo de la propuesta también pone de manifiesto las diferencias ideológicas y políticas entre los sectores de la oposición y el oficialismo, lo que podría seguir siendo un tema de discusión en el futuro, especialmente cuando se trate de garantizar la legalidad y transparencia en el proceso electoral.
