La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha dado un paso significativo en el juicio político contra Andrea Arrobo, exministra de Energía. En una reunión celebrada el lunes 14 de octubre de 2024, los nueve integrantes de la comisión evaluaron si el proceso cumplía con los requisitos establecidos para su tramitación.
El equipo técnico de la comisión verificó que la solicitud de juicio político contaba con el respaldo de 36 legisladores, superando el mínimo de 34 firmas requeridas para avanzar con este tipo de procedimientos. Además de las firmas, se revisaron otros requisitos, como la posesión oficial de Arrobo y la presentación de pruebas pertinentes.
Este juicio político fue propuesto por los legisladores Jaime Moreno y Ana Galarza, del movimiento Construye, junto con Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano (PSC). La causal que fundamenta el juicio es el «incumplimiento de funciones», y se señala que las inacciones de Arrobo causaron apagones de hasta ocho horas diarias durante un mes.
Según la información presentada por los interpelantes, la exministra fue alertada por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) sobre una crisis inminente en el sistema eléctrico. El 20 de marzo de 2024, Cenace le informó que el Sistema Nacional Interconectado operaba en condiciones de «inestabilidad» y estaba «expuesto permanentemente a desconexiones». Sin embargo, se concluye que Arrobo no tomó ninguna medida al respecto.
Después de escuchar al equipo técnico, los miembros de la Comisión de Fiscalización dispusieron un espacio para el debate sobre el proceso. Sin embargo, ninguno de los legisladores presentes intervino, lo que llevó al presidente de la comisión, Luis Alvarado, a clausurar la reunión. Esto permitirá a los asambleístas familiarizarse con la información relevante sobre este nuevo proceso político.
Este encuentro representa la primera acción de la mesa legislativa desde que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificara el juicio en contra de Arrobo el 8 de mayo de este año.
