El caso Purga sigue avanzando en el sistema judicial de Ecuador, con la Fiscalía General presentando un dictamen acusatorio contra 23 personas implicadas en una red de corrupción judicial. Entre los acusados se encuentran el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, y el exjuez penal Johann M., quienes están siendo procesados por el delito de delincuencia organizada. De los 25 sospechosos originales, solo dos, Rubén Díaz Valdés y Miriam Yesenia Rodríguez, recibieron un dictamen abstentivo por falta de pruebas sólidas.
Según la Fiscalía, Muentes, Gallardo y Johann M. dirigieron una estructura delictiva que influía en decisiones judiciales, alteraba sumarios, modificaba cambios administrativos y generaba impunidad con fines económicos ilegales. Muentes, en particular, es señalado como el líder de la organización, mientras que Gallardo y Johann M. jugaron roles clave en la planificación de estos actos delictivos. La Fiscalía sostiene que sus acciones tenían como objetivo principal obtener beneficios económicos ilícitos a través de una red de corrupción.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, cerró la instrucción fiscal en julio de 2024, luego de 120 días de investigación, y afirmó que, tras analizar las pruebas, solo existen elementos suficientes para acusar a 23 de los procesados. El dictamen fue emitido tras la evaluación de las evidencias recopiladas durante la instrucción. A pesar de la acusación formal contra Muentes, Gallardo y Johann M., la Fiscalía continúa indagando sobre otras personas involucradas, incluidos familiares y exfuncionarios judiciales.
El caso también involucra a Mónica A., esposa de Muentes, Fausto A., primo de Muentes, Mercedes V., exdirectora de la Judicatura de Guayas, y otros exfuncionarios del sector judicial en la provincia. Todos ellos serán procesados en relación con la presunta estructuración de la red de corrupción. La Fiscalía también está investigando la implicación de varios excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, como Juan Xavier R. y Freddy José J., y el expresidente de la Corte del Guayas, Hugo G.
El 6 de noviembre de 2024 estaba programada una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, donde el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, debía decidir sobre las posibles nulidades procesales solicitadas por varias defensas de los acusados. Sin embargo, la diligencia fue pospuesta debido a un pedido de las defensas, y aún no se ha fijado una nueva fecha para la audiencia.
Investigación del Caso Purga El caso Purga involucra una serie de irregularidades vinculadas a actos judiciales en la provincia del Guayas. Uno de los principales focos de la investigación es el beneficio ilícito recibido por Muentes y su familia. Según la Fiscalía, Muentes y su esposa, Mónica A., obtuvieron una reparación económica de casi $4 millones, pagada por el Banco del Pacífico, en un proceso de habeas data. Además, Fausto A., primo de Muentes, habría sido beneficiado con la asignación ilegal de un predio en Durán, Guayas, valorado en $200,000, que pertenecía legalmente a otra persona.
El caso también indaga posibles actos de corrupción relacionados con una acción de protección solicitada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en contra de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas del cantón Quito. La Fiscalía cuestiona la razón por la cual este recurso fue presentado en Guayas, cuando el contrato de repavimentación de $30 millones involucraba a una empresa de Quito, en Pichincha.
Otros aspectos clave de la investigación incluyen la intervención de Fabiola Gallardo en un recurso de apelación relacionado con Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», líder de la banda de Los Choneros, quien se encontraba prófugo de la justicia. Además, se están analizando posibles actos de corrupción en el manejo y archivo de causas administrativas en la Corte de Justicia de Guayas, y la manipulación de sorteos judiciales en la provincia.
